SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0427/2019-S4

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el delito de avasallamiento y tráfico de tierras, en audiencia de medidas cautelares de 27 de abril de 2015, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva, determinación que fue apelada, mereciendo el Auto de 8 de junio de igual año, por el que se confirmó parcialmente la Resolución impugnada, manteniendo la medida cautelar personal. Habiendo tomado conocimiento que su proceso fue radicado por el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de la Guardia del departamento de Santa Cruz, a cargo de Fátima Norma Rivero Fernández ‒ahora demandada‒, por la declinatoria de competencia de la “Jueza de Cotoca”, ante quien el 8 de agosto de 2016, se presentó acusación formal en su contra y otro por parte del Fiscal de Materia, por cuyo efecto la Jueza de aquel entonces Dalia Pedraza Ortiz, ordenó por providencia de 9 de agosto del mismo año, la remisión de la acusación y demás antecedentes ante el Tribunal de Sentencia de turno de la capital, pese a ello, pasaron más de veintinueve meses sin que se efectivice dicho envío al haber sido solicitada por escrito, a fin de que pueda llevarse a cabo el juicio oral público. La Jueza no tomó en cuenta que se encuentra detenido por más de tres años y ocho meses interponiendo varias acciones de libertad las cuales fueron declaradas procedentes, extremo que es de conocimiento del Fiscal de Materia demandado Saúl Rosales León, quien emitió el requerimiento conclusivo de acusación formal y no pidió la remisión de la misma al Tribunal de Sentencia Penal de turno, con el único fin de tenerlo detenido preventivamente, hechos estos, que provocaron lesión a sus derechos fundamentales.