SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0477/2019-S2
Fecha: 09-Jul-2019
i)
Gregorio Orosco Itamari y José Romero Soliz, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en su informe oral presentado en audiencia cursantes de fs. 88 vta. a 92 vta.; y, 95 vta. a 97, solicitaron se deniegue la tutela, con imposición de costas y gastos procesales, por ser temeraria e ir contra la buena fe; con los siguientes argumentos: i) La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- establece una política estatal para erradicar los hechos de violencia sexual contra la mujer; por lo que, el caso que motiva la acción de defensa interpuesta en su contra, no puede ser tratado como un hecho irrelevante debido a que causa impacto en la sociedad. Sobre el tema, en ningún momento se refirieron a los delitos de violación como “delitos graves” sino como delitos “relevantes” y el riesgo procesal respecto a que el imputado puede influir negativamente en la víctima; ii) La demanda de la presente acción tutelar no cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), por cuanto, no se identificaron claramente los hechos, los derechos vulnerados ni el petitorio; asimismo, las pruebas que se adjuntaron están incompletas; por lo que, debe ser rechazada; iii) El impetrante de tutela incorporó nuevos elementos ajenos al memorial de acción de amparo constitucional y al de subsanación; toda vez que, en ningún momento se refirió al art. 16 de la LOJ ni al art. 119 de la CPE; iv) El accionante no expuso los agravios que le causó la medida cautelar de detención preventiva ante el Juez de la causa y luego pretendió remediar tal situación en apelación; es decir, expuso argumentos que no escuchó el Juez de primera instancia; por lo cual, no se pudo resolver en razón a que no se sabía qué aspectos fueron cuestionados conforme lo dispuesto en el art. 398 del CPP; v) Con el Auto de Vista 126/2017, ahora impugnado, no se vulneró ningún derecho de la parte peticionante de tutela; puesto que, el ahora impetrante de tutela asumió defensa en todo momento, estando asistido de su abogado defensor de oficio, solicitando se le aplique las medidas sustitutivas a la detención preventiva; empero, no demostró tener familia, domicilio ni trabajo; y, vi) El peticionante de tutela afirma que se ha interpretado arbitraria e ilegalmente la legalidad ordinaria respecto de las normas contenidas en los arts. 234 y 235 del CPP; sin embargo, no fundamentó qué principios se vulneraron en esa interpretación.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- 1
- i)
- Fragmento 8
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho
- Fragmento 17
- la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo
- -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes
- una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa
- Las resoluciones sobre medidas cautelares deben estar debidamente fundamentadas, conforme exigen los arts. 236 inc. 3) y 124 del CPP
- la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla
- el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP,
- Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010
- el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia
- el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos
- III.3. Síntesis jurisprudencial instituida en la SCP 0633/2018-S2 de 8 de octubre, respecto a los elementos necesarios a ser considerados por los jueces y tribunales penales en la definición de los pedidos de cesación de detención preventiva; y, al canon de interpretación para el riesgo procesal instituido en el art. 234.10 del CPP
- Fragmento 28
- Razones por las que, el peligro procesal previsto en el art. 234.10 del CPP, debe ser advertido por los jueces y tribunales penales, en consideración al principio de proporcionalidad y razonabilidad, analizando la conducta y antecedentes del imputado conforme a la interpretación realizada sobre este presupuesto procesal, en la SCP 0056/2014, bajo la acreditación que el imputado antes de ser investigado por el hecho que motiva la aplicación actual de medidas cautelares, hubiera sido procesado y condenado penalmente por la comisión de un delito anterior
- el entendimiento referido supra, no es limitativo; debiendo sujetarse también los jueces y tribunales penales, a los escenarios o contextos en los que se desarrolle el ilícito; compeliendo que, en su labor de efectuar la evaluación integral de las circunstancias existentes en cada caso, realice la valoración correspondiente, cumpliendo el mandato de la ley a fin de definir la situación jurídica del procesado, siempre con la debida motivación, fundamentación y valoración, explicando ineludiblemente las razones por las que se hubiera decidido mantener, revocar o modificar una medida cautelar, sustentados en criterios objetivos, con la debida exposición del valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando el análisis a los presupuestos que fundaron la detención preventiva; no pudiendo sustituirse dicha labor por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas que justificaren la determinación adoptada
- III.4. Análisis del caso concreto