SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0562/2019-S1
Fecha: 17-Jul-2019
1)
Clovis Ugarteche Rocha, ahora accionante, complementando lo manifestado en audiencia, expresó que: 1) A momento de presentar su excusa, si estaba fuera de plazo para acompañar prueba, hubiese sido observada y rechazada; empero, se dictó una Resolución jerárquica que lo apartó de dicho proceso indicando que no adjuntó la documentación necesaria demostrando el grado de parentesco, ya que por la abundante carga procesal que tiene la presentó después de seis días; 2) Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de su excusa, no se le hizo conocer sobre la observación de la documentación presentada; más al contrario, se declaró ilegal, poniendo ello a su conocimiento después de cuatro meses, vulnerando su derecho a la defensa; y, 3) Por último, solicitó se conceda la tutela de sus derechos y se anule la Resolución Fiscal Departamental JCC-021/18, y se ordene al nuevo Fiscal Departamental de santa Cruz, que emita nueva resolución respetando el debido proceso.
El accionante denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso, a una resolución fundamentada, motivada y congruente, a la defensa y al trabajo, en razón a que habiendo presentado su excusa por tener lazos de parentesco con las partes dentro el caso “FELCV-LG 196/18”, la misma fue declarada ilegal por el Fiscal Departamental de Santa Cruz, en suplencia legal, a través de Resolución Fiscal Departamental JCC 021/18, incurriendo en las siguientes vulneraciones a sus derechos: 1) Falta de motivación porque no dio a conocer la valoración de la documentación que adjuntó concerniente a su excusa, sino simplemente manifestó que no habría ningún respaldo documentado ni respetado el plazo de presentación de la excusa; 2) Vulneró el derecho a la congruencia interna, porque contradictoriamente en la parte resolutiva declaró ilegal su excusa, pero de manera extraña remitió antecedentes a la autoridad sumariante; y, 3) Vulneró el derecho al debido proceso porque alteró las normas que aseguran el acceso a un proceso justo, declarando ilegal la excusa, pero lo apartó del conocimiento del caso.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- IMPROCEDENTE
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.8.
- toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos
- la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas
- la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la Resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados
- Fragmento 17
- amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión
- Fragmento 19
- Fragmento 20
- Fragmento 21
- contenidos esenciales del [debido proceso] deben ser desarrollados a la luz del principio de progresividad reconocido por el art. 13.I de la CPE, a efectos de una aplicación extensiva, favorable y efectiva, acorde con los postulados del Estado Constitucional de Derecho, como presupuesto esencial del Estado Plurinacional de Bolivia
- 2)
- Análisis de la primera problemática
- Análisis de la segunda y la tercera problemática
- Fragmento 26
- Fragmento 27