SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0570/2019-S2

Mediante jurisprudencia, antes de que se establezca el plazo de cinco días para fijar la audiencia de medidas de cesación a la detención preventiva, el plazo se encontraba regulado mediante la SC 0110/2012 del 27 de abril, la cual señalaba: “Si bien las SSCC 1115/2011-R, 1130/2011-R, 1150/2011-R y 1179/2011-R, entre otras, coinciden en señalar que las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva, tienen la obligación de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, mas su aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, lo cual amerita que la frase “plazo razonable”, tratándose de señalamientos de día y hora de audiencia para considerar este beneficio, debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad. En este entendido, el plazo razonable para la realización de la audiencia de análisis, consideración y resolución del beneficio de la cesación de la detención preventiva, será el término máximo antes señalado, incluidas las notificaciones pertinentes, lo contrario constituye vulneración del derecho a la libertad, en el entendido en que los jueces no pueden obrar contra los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (art. 73 y ss de la CPE), bajo el argumento de existencia de “sobrecarga procesal” para justificar una negligencia e incumplimiento de un deber de servicio a la sociedad”.

Ante la falta de un plazo expreso por ley para el señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva peticionada de acuerdo al art. 239.1 del CPP, el art. 8 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, estableció las modificaciones y sustituciones al Código de Procedimiento Penal; entre otras, del art. 239, el cual quedó redactado de la siguiente manera: