SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0590/2019-S1

II.2.  Mediante Auto de Vista 20/2019 de 17 de enero, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró admisible e improcedente la apelación interpuesta por Abrahan Balboa Ticona, confirmando la Resolución impugnada; en su contenido, se advierte que en el primer Considerando, efectúa una transcripción de la parte resolutiva del Auto apelado, la admisibilidad del recurso de apelación planteado y alusión a que los agravios expresados por la parte apelante, así como su respuesta constan de forma detallada en el acta de audiencia; en el segundo, cita los arts. 6, 7, 221 y 398 del CPP, señalando esencialmente que se abocará a resolver únicamente la resolución apelada y los agravios planteados, concluyendo con la exposición de sus fundamentos en el tercer Considerando, manifestando en primera instancia los perjuicios interpuestos por el recurrente -ahora impetrante de tutela- para luego determinar que sobre la falta de notificación con la ampliación de riesgos procesales y el ofrecimiento de prueba, se establece que sí se cumplió con estos actos de notificación conforme se tiene a fs. 76, no evidenciándose perjuicio alguno sobre estas cuestiones. Por otra parte, en relación a que el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, no hubiese emitido un pronunciamiento, mucho menos sustentado su intervención respecto al art. 234.4 del CPP, definen que de acuerdo a la resolución apelada, dicha institución estatal se hubieran adherido in extenso a la imputación formal desplegada por el Ministerio Público y la ampliación de riesgos procesales presentada por la parte querellante. Asimismo, en relación a esta circunstancia fue valorada fehacientemente y de acuerdo al razonamiento lógico efectuado por la Juez a quo, ratificado en audiencia, el Ministerio Público efectivamente no realizó una ampliación de riesgos procesales, los cuales fueron reiterados en audiencia de medidas cautelares, ello, es admisible porque rige la oralidad en el sistema penal acusatorio. Finalmente en cuanto a los riesgos procesales referidos en los arts. 234.4 y 10; y, 235.1 y 2 del CPP, establecieron que la Jueza antes citada compulsó todos los argumentos que en audiencia fueron fundamentados los agravios, de tal manera que las conclusiones arribadas respecto a cada riesgo procesal denunciado se encuentran dentro los márgenes de razonabilidad, motivo por el que concluyen que no existe lesión a reparar. Frente a esta determinación de alzada, el peticionante de tutela solicitó enmienda y complementación sobre: 1) Cuál es el fundamento jurídico para señalar que en plena audiencia se puede aumentar riesgos procesales por el Ministerio Público; 2) No se aclararon los cuatro agravios respecto a los riesgos procesales observados, toda vez que, en la resolución dictada solamente se pronunció sobre el numeral 4 del art. 234 del CPP; y, 3) Se denunció que se notificó con la ampliación de riesgos procesales  y no así con la providencia de admisión de éstos. De manera expresa, se notificó con el memorial de 12 de octubre de 2018 y el decreto de 16 de similar mes y año, pero no así con el de 12 del mismo mes y año, tampoco se valoró y fundamentó cuáles son los elementos de prueba acompañados. A tal efecto, los Vocales demandados resolvieron rechazar la enmienda y complementación bajo las siguientes bases: i) No resulta evidente lo señalado por la parte recurrente puesto que el Ministerio Público fue claro al exponer como riesgos procesales los contenidos en los arts. 234.1 y 2; y, 235.1 y 2, siendo la parte querellante la que amplió los riesgos procesales de forma escrita; ii) Con relación a que no se fundamentaron todos los riesgos procesales, tampoco sería evidente, toda vez que, se emitió un criterio y se señaló que la Jueza a quo compulsó y valoró adecuadamente todos los elementos observados pronunciándose únicamente sobre los argumentos planteados en audiencia; iii) Respecto a la falta de notificación extrañada con el decreto de 12 de octubre de 2018, se debió recurrir a lo dispuesto por la normativa procesal penal pertinente, toda vez que, no puede ser motivo de consideración tal aspecto; y, iv) Respecto a la falta de fundamentación sobre la valoración de la Jueza recurrida, el Tribunal de alzada carece de facultad de revisar lo ya compulsado.