VOTO ACLARATORIO DE LA DCP 0051/2019

Del señalado texto se asigna la condición de funcionarios provisorios a quienes desempeñan funciones en cargos correspondientes a los de carrera administrativa y que no hayan cumplido las condiciones impuestas para ser incorporados como funcionarios de carrera -art. 70 del Estatuto del Funcionario Público (EFP)-; estableciendo además un mandato, que en el ámbito de su competencia el poder ejecutivo programará la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional; por lo que, a los funcionarios provisorios no les corresponde acogerse a los derechos de aquellos que son de carrera, quienes fueron sometidos a un proceso de reclutamiento de personal conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y al Estatuto del Funcionario Público^[1].

Otras diferencias entre estas categorías de servidores públicos, enfatizan que los funcionarios provisorios no pueden impugnar la resolución que implique su remoción; es decir, no gozan de inamovilidad laboral como el de carrera administrativa; a los funcionarios provisorios basta comunicarles el cese de sus funciones; empero, no sucede lo mismo con los funcionarios de carrera a quienes se requiere someterlos a un proceso administrativo por la comisión de alguna falta para dicha cesación; si por el contrario, para el retiro del funcionario provisorio, se invocare alguna, ello conlleva a la realización del debido proceso previamente, incluyendo el respeto de los derechos a la defensa y a la impugnación^[2]; es decir, para la cesación de los funcionarios provisorios, no se requiere la invocación de algún motivo en particular, puede efectuarse en cualquier momento y solo por la calidad de ser funcionarios provisorios. Línea jurisprudencial que fue reiterándose de manera uniforme^[3], incluso en vigencia de la actual Constitución Política del Estado.