SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0676/2019-S2
Fecha: 12-Ago-2019
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En cumplimiento a la Resolución Ministerial (RM) 935 de 19 de julio de 1999, emitida por el Ministerio de Hacienda; y, la Resolución Administrativa (RA) 05-0025-00 de 5 de julio de 2000, dictada por el “Servicio de Impuestos Nacionales”, mediante nota de 24 de julio de 2000, solicitaron a GRACO la distribución del Crédito Fiscal IVA de los Bloques Petroleros San Alberto y San Antonio por los periodos de junio/1996 a agosto/2000, conforme al porcentaje de inversión.
El 27 de junio de 2003, GRACO Santa Cruz dio inicio al procedimiento de verificación; sin embargo, no recibieron ninguna comunicación formal sobre la conclusión de la misma, por ello, el 14 de noviembre de 2005, pidieron nuevamente la distribución del Crédito Fiscal IVA por los referidos periodos, notas que fueron reiteradas el 2 de junio y el 25 de octubre ambos del 2017 y el 17 de julio de 2018, pidiendo la emisión de las resoluciones administrativas que respondan a las solicitudes de distribución del Crédito Fiscal IVA de los periodos junio/1996 a agosto/2000, que no fueron respondidas por la Gerencia GRACO Santa Cruz del SIN, lo cual no solo les causa incertidumbre e inseguridad jurídica, sino que además les genera perjuicio económico.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a
- I.2.3.
- concedió
- 1)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.6.
- II.7.
- II.8.
- II.9.
- II.10
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre el
- Fragmento 18
- i)
- Fragmento 20
- alcanzando a cualquier autoridad o servidor público
- SC 1995/2010-R
- Respecto a personas particulares
- III.2. Análisis del caso concreto
- Fragmento 25
- CONFIRMAR
- MAGISTRADO
- lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho
- la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley
- el Estado está obligado a resolver la petición
- la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla
- cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable
- además de motivada.
- se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aun cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba
- el plazo previsto por Ley
- plazo razonable