SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0743/2019-S1

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 23 de 11 de abril de 2019, cursante de fs. 120 vta. a 124, concedió la tutela solicitada, disponiéndose la nulidad de la Resolución de 2 de abril de 2019 y se libre mandamiento de libertad, y, como no pueden detener el curso normal del proceso se ordenó a la autoridad que tenga el control jurisdiccional del proceso, que en el plazo no mayor a tres días señale audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares bajo responsabilidad disciplinaria y penal, bajo los siguientes fundamentos: 1) Existe un recurso de apelación que se constituye en un obstáculo para resolver esta acción de defensa; no obstante, se verifica que cursa cédula de identidad de la referida con fecha de nacimiento de 8 de enero de 1958, consecuentemente, tendría sesenta y un años, considerada una persona de la tercera edad perteneciente a un grupo vulnerable que tiene protección reforzada y que conforme establece la SCP “130/2018-S2” se precinde en estos casos del principio de subsidiariedad; 2) El juez al emitir una resolución debe considerar que el Estado a través de la Ley General de Personas Adultas Mayores a arrojado políticas para la eliminación de la detención preventiva de las mismas, no se esta indicando que una persona con esa condición no vaya a la cárcel, sino que puede ir presa cumpliendo los parámetros legales internacionales como nacionales y en todo caso pasar la barrera de la proporcionalidad; 3) El Juez demando a momento de recibir la imputación formal, que determina que la ahora accionante tiene diecisiete años, debió verificar dicho extremo no puede decir que desconocía, cuando cursa a “fs. 28” su cédula de identidad y porque a la vista se nota que no tiene esa edad, es más si fuera evidente la referida autoridad no podía llevar a acabo dicha audiencia porque le correspondia a un juez de la niñez y adolescencia; y, 4) El Juez demandado no consideró lo que establece el art. 222 del CPP, ni que se trata de una persona que pertenece a un grupo vulnerable, porque debió realizar una mayor fundamentación referida a la proporcionalidad, que la detención era idónea y necesaria, pero al no haber cumplido esos parámetros y haber dictado una resolución como si se tratara de cualquier persona en común, logró una discriminación multiple contra a ahora impetrante de tutela, ocasionando que se encuentre indebidamente privada de su libertad, consiguientemente, se evite una sentencia de carácter reparador.