SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0842/2019-S1
Fecha: 11-Sep-2019
concedió
La Jueza Pública Mixta de Familia, de la Niñez y Adolescencia y de Sentencia Penal Primera de Yapacani del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2019 de 2 de abril, cursante de fs. 55 a 57, concedió la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: i) Sobre la subsidiariedad y por lo establecido por las SSCC “559/2010” y “684/2010” corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática al existir vías de hecho que vulneraron derechos constitucionales fundamentales, incluso aun existiendo medios de impugnación permite ingresar a considerar la problemática a efectos de evitar que se siga restringiendo derechos; ii) El accionante refiere que se le restringió su derecho al agua potable y la energía eléctrica, aspecto demostrado con un documento de préstamo de dinero suscrito entre ambas partes, que en su cláusula séptima determina que Mirko Rivera Rivera -ahora impetrante de tutela- vivirá en el inmueble con el compromiso de cancelar un canon mensual; por lo que, se demostró que vive en las habitaciones donde se habrían vulnerado los derechos aludidos; iii) Se evidencia la existencia de un acta de verificación y muestrario fotográfico efectuado por Fernando Añez Morales, Notario de Fe Pública, mismo que da fe que las habitaciones donde vive el peticionante de tutela, los suministros de agua potable y energía eléctrica fueron cortados por la propietaria del inmueble, atentando a la salud de su familia; iv) Acompaña croquis de ubicación, fotocopias de facturas de cobranza de los servicios de agua potable y energía eléctrica a nombre de Lurdez Sulema Ortiz Ance -ahora demandada-; v) La demandada por memorial de suspensión de audiencia manifiesta la existencia de un tercer interesado que es copropietario del inmueble y que los servicios básicos estarían también registrados a su nombre, aspecto que no es evidente, denotando con este actuar la mala fe de la prenombrada en pretender hacer incurrir en error a las autoridades; vi) Los proveedores de estos servicios son los únicos que tienen la atribución de realizar cortes y no así particulares a modo de ejercer presión hacia otra persona; por lo que, el ahora accionante demostró la vulneración de sus derechos fundamentales por medio idóneo; vii) La restricción en el uso de los servicios sanitarios, vulnera la dignidad humana del peticionante y su familia; y, viii) No se probó que la accionada afecto el derecho al trabajo o haya impedido que el impetrante de tutela pueda ejercer libremente este derecho.
- I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sobre la tutela de la acción de amparo constitucional frente a medidas o vías de hecho y los presupuestos para su activación
- la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia;
- 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas; supuestos que serán desarrollados de manera específica infra.
- En cuanto a la flexibilización del principio de subsidiariedad frente a vías de hecho
- por tanto, la carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos.
- En el marco de lo indicado, es imperante precisar que de manera general, cualquier acto o medida que implique asumir la justicia por mano propia prescindiendo en absoluto de los mecanismos institucionales para la definición de hechos o derechos, se configura como una típica vía de hecho, a cuyo efecto, será necesario cumplir con las cargas probatorias señaladas precedentemente (…)».
- i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos (…)»”
- III.2. Los servicios básicos, derechos fundamentales
- y que establece que toda persona tiene acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, por lo que el corte arbitrario de los servicios constituye una violación a esos derechos fundamentales
- La energía eléctrica y el suministro de agua potable, al ser servicios esenciales, sólo pueden ser suspendidos por los proveedores en los casos previstos por Ley,
- por tanto cuando una autoridad o un particular haciendo uso inadecuado del poder sin motivo alguno o apartándose de la norma y los procedimientos priva el uso a quien en su derecho ha accedido al mismo, sea la privación a través de determinados actos o por la fuerza, dicha acción se constituye en un acto arbitrario, ilegal o medida de hecho que indudablemente amerita la tutela directa e inmediata a fin de evitar el abuso de poder frente al usuario o titular del derecho, que al ser elemental y vital en los casos de la vivienda o morada familiar trasciende a otros derechos también fundamentales como ser a la vida, la salud y la dignidad, entre otros.
- Fragmento 20
- Fragmento 21
- III.4. De la remisión de antecedentes
- CONFIRMAR
- 2°
- 3° Llamar la atención