SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2020

De acuerdo a la naturaleza jurídica y el alcance de la acción de inconstitucionalidad abstracta, es evidente que el control de constitucionalidad se efectuará sobre normativa vigente; es decir, que forme parte del ordenamiento jurídico aplicable, así sobre el particular, la SC 0061/2003 de 1  de julio, sostuvo que: “…como vía de control a posteriori, se impele al órgano encargado del control de constitucionalidad de emitir un pronunciamiento que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad pura de la norma que se ataca, norma que necesariamente debe formar parte del derecho positivo,….” (las negrillas nos pertenecen). Al efecto, se entiende por derecho positivo al conjunto de normas jurídicas que se encuentran en vigencia y regulan en un determinado momento, condición que le es sustraída cuando ha sido derogada o abrogada, por ejemplo, debido a la promulgación de una norma posterior. A saber, con relación a la derogación y la abrogación como formas de extinción de la norma, la SC 0027/2003-R de 26 de marzo, consideró que: “…la doctrina señala como el acto del legislativo o del órgano competente para dejar sin efecto una disposición o varias disposiciones en concreto que forman parte de un cuerpo legal, vale decir, que la derogación no alcanza a la totalidad de las disposiciones o artículos de una ley, de manera que supone una revocación o anulación parcial de la misma, que puede comprender como ya se dijo, la revocatoria de un artículo, varios o parte de uno o de varios. En cambio, respecto a la abrogación cabe señalar que la misma consiste en la extinción total de la ley, es decir, la revocatoria o anulación de toda la ley o cuerpo normativo”.