SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0555/2020-S2

Miguel Ángel Flores Orihuela, Juez del Tribunal de Sentencia Octavo del departamento de La Paz, mediante informe oral en audiencia tutelar solicitó que se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos: 1) La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó la incompetencia en razón al territorio del Tribunal del cual es titular; en ese sentido, se remitió obrados al asiento judicial de Santa Cruz; 2) Respecto a la solicitud de cesación de la detención preventiva, se tiene que el hoy accionante realizó un total de tres solicitudes, con relación a la primera fue retirada por ausencia de elementos para poder sustentar la petición, la segunda, no acompañó elementos para desvirtuar los presupuestos que determinaron su detención y no asistió a la audiencia, finalmente sobre la tercera solicitud que hace referencia en la presente acción de defensa habría acontecido lo mismo que en la anterior audiencia; es decir, no habrían presentado elementos de prueba ni comparecieron a la audiencia; 3) No obstante, el proceso ya contaba con la Resolución de declinación de competencia y con la determinación de incompetencia descrita precedentemente, razón por la cual, se remitieron antecedentes a “Santa Cruz”, afirmando que así se tiene por oficio de remisión y el libro de bajas, que acreditarían que el expediente fue enviado el 12 de febrero de 2020; 4) Por otro lado, no se advierte vínculo entre la solicitud de complementación y su privación de libertad, extremo que fue dispuesto en el marco de la aplicación de medidas cautelares; y, 5) Finalmente, el Tribunal a su cargo cumplió señalando día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva; empero, que las partes procesales no se hubieran hecho presentes, escapa a la responsabilidad del mismo.

Sobre la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo judicial, la                   SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo estableció que: “Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001[1] definió a legitimación pasiva, señalando que esta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.