SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0585/2020-S2
Fecha: 23-Oct-2020
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Es una persona mayor de 65 años de edad, aquejada con problemas de salud como los de deficiencia cardíaca, chagas, artrosis, glaucoma. Con los ahorros de toda su vida el 2001 logró comprar un terreno ubicado en la manzana Nº 12, lote Nº 36 del cantón Paurito, de la provincia Andrés Ibáñez, del departamento de Santa Cruz, mismo que se encuentra debidamente registrado en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) con la matrícula computarizada Nº 7.01.2.02.0001529, por lo que le hacía el mantenimiento al carpir las malezas y limpiarlo una vez cada tres o cuatro semanas.
A mediados de abril del año 2019, por un problema cardíaco que sufrió tuvo que ser internada por semanas; razón por la cual, no pudo ir a ver su lote; una vez recuperada, fue a ver su terreno a fines de junio; al llegar al lugar, se percató de la existencia de una reja puesta de manera precaria en la parte frontal de su terreno; por lo que tocó la puerta, pero nadie la abrió y solo escuchó ruido y música, a lo que divisó por el orificio de la reja a personas bebiendo alcohol; preguntó a sus vecinos si sabían algo al respectos, mismos que le dijeron que esas personas son loteadores, avasalladores encabezadas por Modesto Pérez Padilla, que entraron hace dos semanas; que no los moleste porque “…siempre para bebiendo (…) muy agresivos y violentos…” (sic); y, que hace unos años estos mismos señores trataron de entrar a las casas de los vecinos, pero que con ayuda de sus familiares y vecinos lograron sacarlos.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos
- adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas y servidores públicos a asumir justicia por mano propia
- es la Norma Suprema la que determina las competencias y potestades de los Órganos del Estado, incluido del Órgano competente de impartir justicia -art. 178 de la CPE-; consecuentemente, proscribe no solo la arbitrariedad pública en el ejercicio del poder, sino también, la arbitrariedad privada que atenta contra las reglas de convivencia social y altera el orden público; consiguientemente, en un Estado Constitucional de Derecho, resulta reprochable jurídicamente, la adopción de las acciones que omiten los cánones institucionales y normativos, diseñados por el mismo texto constitucional
- III.2.
- Las acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad, a través de la acción de amparo, puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.3).
- La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe: i) Acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Estar circunscrita a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos a ser sustanciados por la jurisdicción ordinaria. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.4).
- Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, es decir, que constituya una limitación arbitraria a la propiedad, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c) referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros, es decir, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional. (SCP 0998/2012, Fundamento Jurídico III.4.1).
- Fragmento 18
- III.3.
- Sobre la carga de la prueba que recae en la accionante
- CONFIRMAR