SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0585/2020-S2

Sobre la carga de la prueba que recae en la accionante, la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.2 ya señalado, ha establecido dentro de la regla general dos presupuestos a ser cumplidos por la parte accionante, el primero es el deber de acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica; es decir, en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y el segundo, estar circunscrito a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos.

Respecto al primer presupuesto, de antecedentes se puede evidenciar muestrario fotográfico en el cual se evidencia un muro construido con ladrillos, con un portón rojo, y dentro de este objetos correspondientes a una cocina (Conclusión II.4), ocupación que no fue desmentida por la parte demandada, siendo incluso que la misma reconoció estar en posesión del inmueble, adjuntando un muestrario fotográfico en el cual se evidencia la posesión real de dicho inmueble por parte de Modesto Pérez Padilla (Conclusión II.5), añadiendo además la confesión realizada por el abogado del demandante en audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar que señaló “…nos vayamos por la vía que corresponde según derecho, para que ellos haga valer y prevalecer su derecho propietario” (fs. 54 vta.); por lo que, se puede evidenciar la existencia de medidas de hecho asumidas sin causa jurídica, tal como lo establece el primer presupuesta; siendo.

Sobre el segundo presupuesto que hace referencia a aspectos que no impliquen la existencia de hechos controvertidos, la impetrante de tutela basa su demanda en el argumento sobre su derecho propietario a través de documentos a ser analizados más adelante en la Sentencia; empero, la parte demandada realiza su defensa sobre la posesión de dicho inmueble, dos preceptos totalmente distintos que no son equivalentes en ningún sentido, y por lo mismo no son controvertidos; por lo que, cumplió con el segundo presupuesto establecido por la jurisprudencia constitucional.

Ahora bien, en casos en los cuales se denuncia avasallamiento con afectación al derecho a la propiedad, en este caso rural privado, el precedente constitucional ya señalado ha establecido un elemento de especificidad dentro de la carga probatoria que la accionante debe cumplir, a saber, refiere que la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en los párrafos precedentes, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominaliedad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad, no pudiendo exigirle ninguna otra carga procesal.