SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0696/2020-S2

Dentro del proceso de divorcio que sigue contra Maritza Elizabeth Nina Crispin, la Jueza Pública de Familia Segunda de El Alto del departamento de La Paz, fijó asistencia familiar de Bs600.- (seiscientos bolivianos) a favor de su hijo AA y de Bs100.- (cien bolivianos) para la nombrada, montos de dinero que deberán ser cancelados de forma mensual.

Por situaciones de salud no pudo depositar los últimos meses, motivo por el cual la referida autoridad judicial, expidió en su contra el respectivo mandamiento de apremio por la suma de Bs3 550.- (tres mil quinientos cincuenta bolivianos); que fue ejecutado de forma ilegal por funcionarios policiales al interior de su domicilio, para luego ser conducido al Centro Penitenciario San Pedro de dicho departamento.

No obstante, por razones administrativas del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, se ingresó en cuarentena total a partir del 21 de marzo de 2020, situación que impidió que la Jueza prenombrada libre el mandamiento de libertad; por ello, acudió a la jurisdicción constitucional al no existir motivo alguno para su privación de libertad.