AUTO CONSTITUCIONAL 0188/2020-RCA

…por lo tanto su tramitación es especial, ya que en esos procesos la sentencia que se emite tiene la particularidad de ser cosa juzgada formal, y por ello, puede ser revisada en un proceso ordinario posterior, esto en razón a que no tiene por finalidad declarar una certeza, sino el reconocimiento de un derecho ya reconocido a través de un documento idóneo, de la misma forma cualquier excepción que cuestione la validez de la obligación o su cumplimiento como ocurre en el presente caso debe cumplir también con aquella idoneidad. En el caso analizado, se pretende que sea el Tribunal Constitucional Plurinacional quien censure la valoración que las autoridades ordinarias realizaron a la prueba presentada por el ahora accionante, y que a decir de este demostraría la inexistencia de la obligación, aspecto que no puede ser conocido de manera directa por esta acción de defensa, pues corresponde que aquella controversia sea resuelta de manera previa en la instancia ordinaria, ámbito en el que se analizará y se determinará de forma definitiva si aquellos documentos son idóneos para demostrar el cumplimiento de la obligación reclamada en la vía monitoria” (las negrillas nos corresponden).

De lo expuesto, se advierte que el objeto de la presente acción de defensa es el Auto de Vista 145, el cual analizó la Sentencia Definitiva que declaró probada la excepción de inhabilidad del título e improbada la prescripción; es decir, que los accionantes tanto en el memorial de su demanda constitucional, el de subsanación y de impugnación solicitan que en la presente acción tutelar se analice si los documentos de 18 de diciembre de 2008 y de 19 de enero de 2010, base del proceso ejecutivo tienen o no fuerza ejecutiva, al considerar que los suscribientes del mismo, no estaban facultados a contraer obligaciones de préstamo de dinero y menos aún a garantizar su cumplimiento con los bienes de la institución en cuya representación formulan esta acción de defensa; por lo que, conforme a la jurisprudencia constitucional citada precedentemente, dicha controversia no puede ser resuelta por la justicia constitucional, sin que previamente se dilucide en la vía ordinaria, como dispone el art. 386 del CPC; dicho de otro modo, los hechos denunciados en la presente demanda tutelar pueden ser reparados en sede judicial, dado que es en ese ámbito donde corresponde ser definida la controversia planteada sobre la validez o no del título ejecutivo mencionado; consiguientemente, al ser evidente el incumplimiento al principio de subsidiariedad, conforme al Fundamento Jurídico II.2 de este Auto Constitucional, corresponde declarar la improcedencia de la acción.

Finalmente los impetrantes de tutela invocan la excepción al principio de subsidiariedad, señalando el posible daño irremediable e irreparable que sufriría la institución a la que representan de no operar la tutela constitucional solicitada de manera inmediata; no obstante, conforme fue explicado en el acápite II.3 del presente fallo constitucional, tales afirmaciones deben ser debidamente acreditadas y no simplemente remitirse a la posible lesión sin demostrar a través de medios y/o elementos probatorios idóneos, cuál sería el daño irreparable e irremediable de no prestarse de manera inmediata la tutela constitucional impetrada, por la naturaleza del bien jurídico protegido y que se encontraría en riesgo por la irreparabilidad del daño invocado; tampoco se ha demostrado que el mismo no podría ser restituido o reparado por ningún otro medio procesal que no sea la presente acción tutelar, por el contrario refieren que luego de un proceso ordinario no se tiene certeza de la recuperación del dinero en efectivo que puede pasar a manos de la ejecutante, cuando la institución no le adeuda monto alguno; por lo que, los razonamientos sobre cuya base se solicita se haga abstracción del principio de subsidiariedad en el caso concreto, no han sido demostrados.