SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0767/2020-S2

Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejera de la Magistratura, por informe escrito presentado el 12 de febrero de 2020, cursante de fs. 557 a 560 vta., señaló: i) La pretensión del impetrante de tutela es una resolución sobre el fondo, que está reservado para un Tribunal casacional y no constitucional;    ii) Revisada la Resolución SP-AP 242/2018, advirtió que con base en las pruebas existentes la conducta del peticionante de tutela se adecuó a la falta grave prevista en el art. 187.14 de la LOJ; pues, en el segundo párrafo de la “página 8”, evidenció que la Jueza de primera instancia no valoró el hecho de que, no existía un oficio demostrando que el cuaderno de recusación en materia civil hubiera sido remitido dentro de plazo ante el Tribunal de alzada; y, iii) Una resolución definitiva, imperativamente debe tener correspondencia con la congruencia material y formal; así, la autoridad disciplinaria pronunciará un fallo con base en lo demostrado y cuando el accionante señaló la inexistencia de “congruencia alguna”, indicó que no constó relación entre lo denunciado al momento de la admisión y lo resuelto, respecto a las pruebas obtenidas.

La SCP 1631/2013 de 4 de octubre, señaló que: “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de 'reglas admitidas por el Derecho' rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.