SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0019/2020-S3

Ingresó a trabajar en el Gobierno Autónomo Departamental de Pando, el 6 de marzo de 2019 hasta el 16 de mayo de igual año; sin embargo, no se le hizo conocer ningún contrato de prestación de servicios al inicio de su relación laboral, entregándosele memorando que no especifica el cargo a ocupar, ni el salario a percibir; asimismo, conforme boletas de pago se le canceló como Asistente III, lo que significa que no percibió de acuerdo a su formación académica; es decir, como Licenciada en enfermería; no obstante de ello, una vez que recibió su designación procedió a realizar el trámite de afiliación a la Caja Nacional de Salud (CNS) y empezó a prestar sus servicios profesionales en dependencias del Hospital Roberto Galindo en el área de pediatría, posteriormente a momento de hacer conocer su estado de gestación pretendieron hacerle firmar un contrato dando por finalizada su relación laboral con la institución, entendiendo que, por su condición de mujer gestante se le estaría restringiendo el derecho al trabajo, razón por la que acudió ante el Ministerio de Trabajo, instancia que bajo los principios constitucionales conminaron su reincorporación por inamovilidad laboral el 22 de abril de 2019 a la que la institución prenombrada hizo caso omiso y a la fecha dio a luz a su bebé, que cuenta con treinta y seis días de nacida, no pudiendo ser atendida por el seguro de la CNS ya que se le exige la última boleta de pago, motivo por el cual se ve obligada demandar mediante acción de amparo constitucional el cumplimiento de la Resolución administrativa de reincorporación laboral ante el ilegal e indebido despido.