SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0055/2020-S2

Al respecto, conforme lo señala la jurisprudencia glosada; no obstante, que los encargados de centros penitenciarios o prisiones, tienen la obligación de la verificación tanto de la autenticidad del mandamiento de libertad como la inexistencia de otros mandamientos pendientes, esa actuación está limitada precisamente a esos supuestos y no a otras acciones dilatorias y que no son inherentes a sus funciones, como lo señala la                 SC 0204/2007-R de 29 de marzo, al indicar: '…en ese sentido, la funcionaria encargada de ejecutar una orden de libertad, antes de proceder a su cumplimiento, debe verificar que la persona a ser puesta en libertad no se encuentre detenida en mérito a una orden escrita y librada por autoridad competente en un distinto proceso; es decir, esa indagación debe limitarse a la constatación de la existencia o no de algún mandamiento de detención preventiva en los registros del recinto carcelario y de las reparticiones correspondientes de la Policía Nacional que hagan las veces de aquél, caso contrario, la demora o la dilación indebida en que incurre la autoridad recurrida, implica una lesión a este derecho fundamental, toda vez que la representada del recurrente no se encontraba detenida en ese momento por ninguna otra causa…'” (las negrillas nos corresponden).

Atendiendo la jurisprudencia señalada; los encargados o gobernadores de recintos penitenciarios, ante el conocimiento de mandamientos de libertad librados por la autoridad jurisdiccional competente no pueden disponer la ejecución inmediata de los mismos; toda vez que,  se encuentran obligados a verificar su autenticidad y si existen otros mandamientos pendientes de ejecución; supuesto que de concurrir, hace inviable la ejecución del mandamiento de libertad.