SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2020-S2

Jessica Pérez Raldes, a través de su representante en audiencia, refirió que: 1) Al no probarse la causa ilícita, no existiría dinero ilegal y el impetrante de tutela no demostró haber entregado el mismo; y, 2) Al no tener una sentencia ejecutoriada, la prueba no puede ser interpretada ni valorada, rechazándose todos los aspectos relacionados a esta, por no ser pertinentes.

Asimismo, los Vocales demandados al dictar el Auto de Vista 246/2018, no respondieron francamente a los siguientes agravios expresados en el recurso de apelación: 1) Falta de respuesta y valoración de la prueba presentada en audiencia de 1 de diciembre de 2017, referida a las imputaciones formales por delitos de legitimación de ganancias ilícitas e intermediación financiera sin autorización o licencia, peritaje del IDIF que estableció el origen ilícito del dinero de Jessica Pérez Raldes -tercera interesada-, acusación fiscal contra José Luis Torres e informe de la ASFI que determinó la ilegitimidad de los fondos dados en préstamo y como operaba la organización y el origen ilícito del dinero otorgado en préstamo; 2) La omisión de valoración de las pruebas respecto al proceso civil de nulidad de contrato de préstamo de dinero por ilicitud de la causa respecto a la competencia del Juez Público Civil y Comercial Vigésimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, 3) Con relación al rechazo de las excepciones de falta de fuerza coactiva e inhabilidad del título, adujo que la obligación no es exigible legalmente, por la ilicitud de la causa en el contrato y la omisión de valoración y pronunciamiento expreso a la alegación que el contrato de préstamo es un medio comisivo de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas e intermediación financiera sin autorización y que al ordenarse el pago de una obligación ilícita la autoridad judicial tiene la calidad de coautor de los ilícitos prenombrados.