SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0253/2020-S3
Fecha: 13-Jul-2020
a)
El accionante, a través de su representante sin mandato, reiterando los argumentos de su memorial de acción de libertad y ampliando los mismos en audiencia señaló: a) La Resolución de 29 de agosto de 2019 que rechazó su solicitud de cesación no fue impugnada porque decidió reiterarla cumpliendo las observaciones que sustentaron dicho fallo; b) Se estableció que en el proceso penal no existió dilación o recusación que suspenda el procedimiento “…procedía la dilación a las partes procesales…” (sic); c) Según consta a fs. 9, el 27 de septiembre del citado año se dispuso correr en traslado su postulación; d) Conforme el art. 239.1 y 2 del CPP, la autoridad debe dictar Resolución dentro de cinco días, con o sin contestación; e) A “…fojas 15 nos notificamos con la última contestación…” (sic), que ingresó a ventanilla el 11 de octubre de 2019, fecha a partir de la cual corrían los cinco días previstos por ley para dictar el fallo; debiendo tenerse presente que, descontando los días sábado y domingo, después de los cinco días, quedaban aún dos días antes de ingresar al paro cívico; asimismo, después de retornar a las labores una vez solucionado el conflicto social, se le notificó el 13 de noviembre de 2019 con el memorial “…para considerarlo para dictar resolución…” (sic), transcurriendo diez días hasta el presente -se entiende de la celebración de la audiencia de acción de libertad- sin que se emite el fallo, incurriendo en retardación de justicia; f) El art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), determina que toda persona tiene derecho a ser oída dentro de plazos razonables, al igual que la Constitución Política del Estado; g) La presente acción de defensa es de pronto despacho, siendo la pretensión que el Tribunal dé certeza jurídica relacionada con su libertad al haber transcurrido más de los cinco días para resolver su solicitud; y, h) El informe presentado no es evidente, pues la dilación deviene desde la primera solicitud de cesación de 5 de agosto de 2019, que fue resuelta el 29 del mismo mes y año.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- Fragmento 3
- I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados
- I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
- a)
- 1)
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- La Constitución Política del Estado dispone que la potestad de impartir justicia se rige entre otros, por el principio de celeridad
- El principio de celeridad, persigue como principal objetivo que el proceso se concrete a las etapas esenciales y que cada una de ellas se cumpla dentro de los plazos dispuestos por la norma legal
- En este contexto, es preciso mencionar que el principio de celeridad se encuentra relacionado con los principios procesales de eficacia y eficiencia como componentes de la seguridad jurídica, toda vez que, conforme razonó el Tribunal Constitucional mediante la SC 0010/2010-R de 6 de abril, la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos; estos elementos forman parte del concepto de seguridad jurídica,
- En este contexto y al tenor del art. 115.I constitucional, se hace manifiesto el vínculo de conexitud existente entre el principio de celeridad y el debido proceso, cuando dicho precepto postula que toda persona será protegida en el ejercicio de sus derechos e intereses oportuna y efectivamente por jueces y tribunales; por otra parte, del contenido el parágrafo segundo del mismo artículo, sostiene que el Estado garantiza el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna ‘sin dilaciones’, se establece la directa relación que existe entre el principio de celeridad estudiado y el derecho de acceso a la justicia; de donde puede inferirse que cuando los administradores de justicia no cumplen con la tarea que se les ha encomendado dentro de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico, provocando la extensión indefinida de los procesos sometidos a su conocimiento, ocasionan, con la falta de decisión sobre el litigio, lesiones a la seguridad jurídica,
- La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE
- busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’
- III.3. Análisis del caso concreto
- Por Secretaría una vez notificadas las partes, con o sin contestación pase a despacho el cuaderno procesal para dictar la resolución”
- III.4. Otras consideraciones
- REVOCAR