SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0253/2020-S3

El accionante, a través de su representante sin mandato, alega que las autoridades demandadas incurrieron en una dilación indebida e ilegal al no pronunciarse sobre su solicitud de cesación de la detención preventiva impetrada al tenor del art. 239.2 del CPP el 26 de septiembre de 2019, pese a que las partes procesales fueron notificadas con dicha pretensión habiendo contestado solo la denunciante el 11 de octubre del mismo año,  incumpliendo el plazo de cinco días señalado por ley para la Resolución respectiva conforme prevé el penúltimo párrafo del art. 239 del adjetivo penal.

De la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se advierte que el hoy impetrante de tutela, dentro del proceso penal que se sigue en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, el 26 de septiembre de 2019, solicitó la cesación de su detención preventiva según lo estipulado en el art. 239.2 del CPP, argumentando dar cumplimiento a las observaciones efectuadas en el Auto Interlocutorio de 29 de agosto del citado año, que resolvió una anterior solicitud de cesación de la medida extrema bajo la misma normativa, adjuntando al efecto prueba que a su criterio demostraría que la dilación en la sustanciación de la causa penal no era atribuible a su persona; postulación que mereció el proveído de 27 del mismo mes y año, por el que el Juez ahora coaccionado, Freddy Coronel Alacoma dispuso se ponga en conocimiento de las otras partes procesales dicha pretensión, enfatizando que por Secretaría, una vez notificadas las partes con o sin contestación de las mismas, el cuaderno procesal pase a despacho para dictar la Resolución correspondiente (Conclusión II.1).

En el contexto fáctico referido, debe tenerse presente que la solicitud de cesación de la detención preventiva, al amparo del art. 239.2 del adjetivo penal, es decir: “Cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga”, debe ser tramitada por el juzgador conforme los lineamientos establecidos por el precitado art. 239 del CPP, que en su penúltimo párrafo dispone “En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.”, normativa que evidencia que desde el inicio existió una actuación dilatoria en el trámite de la solicitud de cesación interpuesta por el peticionante de tutela, dado que si bien mediante la aludida providencia de 27 de septiembre de 2019 -que implica el cumplimiento de las veinticuatro horas previstas por la norma procesal referida- se ordenó la puesta en conocimiento de la pretensión a las demás partes procesales para que contesten la misma, velando así no solo por la aplicación de la ley, sino también por los derechos que asisten a los involucrados en el proceso penal; empero, dicho traslado se hizo efectivo recién el 8 de octubre del citado año; es decir, a más de diez días de emitida la orden, lo que conlleva una demora considerable en materializar el traslado, actuación que en su connotación procesal era crucial pues a partir de ello corría el plazo para la emitir la Resolución correspondiente, dilación que debió ser advertida y corregida por el Tribunal ahora accionado, pues el control y dirección del proceso es inherente a dicha instancia, que además de asumir las determinaciones procesales debe velar -razonablemente- en el seguimiento de su cumplimiento.