SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0305/2020-S2
Fecha: 04-Ago-2020
II.1.
II.1. Mediante documento privado de 29 de agosto de 2018, Faride Gabriela Enríquez Beltrán, confirió en favor de Josefina Quispe Condori (ahora accionante), en calidad de alquiler, una tienda ubicada en la planta baja del inmueble situado en la zona El Rosario, calle Viluyo 384, de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; estableciendo la cláusula cuarta del contrato la vigencia a partir del 1 de septiembre de ese año, por el lapso de un año, y que la impetrante de tutela debía “…tener pagadas todas las mensualidades de electricidad, agua y presentar todas las facturas de electricidad pagadas hasta el mes correspondiente de desalojo” (sic); fijándose en la cláusula quinta como canon de alquiler la suma de Bs1000.-, adicionando respecto a los servicios básicos que: “El pago de la electricidad será cancelada por la señora Josefina Quispe Condori (…) arrendataria puesto que la tienda tiene un medidor propio N° 583495 y el consumo de agua será prorrateado entre los habitantes de la vivienda” (sic [fs. 3 a 4]).
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.1. Ratificación de la acción
- 1)
- concedió en parte
- i)
- 1.3 Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- calificándolo como un problema estructural
- [3]
- la proscripción de las medidas o vías de hecho o justicia por mano propia, desde un análisis estructural, adquiere significado constitucional a partir de un compromiso compartido de reprochar las decisiones subjetivas o motivaciones que llevan a las personas físicas, jurídicas y servidores públicos a asumir justicia por mano propia; con el objetivo de buscar la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho fuerte
- III.2. Del amparo excepcional por medidas de hecho: Protección directa e inmediata prescindiendo de su carácter subsidiario
- Fragmento 18
- los jueces y tribunales de garantías, Salas Constitucionales, así como este Tribunal en revisión, deben comprobar ineludiblemente, si, efectivamente, las acciones descritas de ilegales, se constituyen o no en medidas de hecho, no siendo posible asumir éstas por la única afirmación de la parte accionante sin efectuar un examen de los requisitos que deben ser cumplidos para considerar una situación como medida de hecho y hacer abstracción de la naturaleza subsidiaria
- a) La acción de amparo constitucional puede ser activada directamente; es decir, no existe necesidad de agotar previamente otras vías[7], menos aún, la vía procesal penal que tiene otro objeto procesal y finalidad
- tiene consecuencias jurídicas como es la fractura del Estado Constitucional de Derecho y la supresión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado
- es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución
- para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión
- 1) La tutela definitiva, únicamente respecto a la supresión del derecho de acceso a la justicia en un sentido amplio;
- [13]
- la tutela -sea preventiva y/o reparadora- en el marco de la provisionalidad, tiene un espacio temporal constitucionalmente y jurisprudencialmente válido de eficacia para la ejecución de una Sentencia Constitucional; que inicia con la notificación legal del fallo a los demandados y/o terceros u otros que incurrieron en medidas o vías de hecho y cesa con la apertura de la jurisdicción competente o el medio alternativo de solución de conflictos, dentro de un debido proceso que defina, o en su caso, reafirme su titularidad; toda vez que, se reitera, la protección brindada no es definitiva con relación al derecho sustantivo en cuestión, sino simplemente es de manera provisional y transitoria.
- III.6. Análisis del caso concreto
- Ante tal intento no se pudo abrir la puerta, efectivamente se encuentra una chapa nueva
- CONFIRMAR
- 2º DENEGAR
- MAGISTRADA