SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0440/2020-S2

A través de la jurisprudencia constitucional, previa cita del art. 8.1 citado, se asumió el siguiente razonamiento: ‘…como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1)el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ‘derecho a la jurisdicción’ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal’.

En ese marco, el derecho de acceso a la justicia alcanza a todo sujeto que acuda ante el Estado, a través de sus órganos competentes, a efectos de lograr un pronunciamiento sobre el conflicto que afecta sus derechos fundamentales o intereses jurídicos, el mismo que debe estar sujeto a un debido proceso, desarrollado conforme a la ley y respetando los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado.

Ahora bien, resulta útil acudir al entendimiento asumido en la SC 1478/2012 de 24 de septiembre, que fue concebido en la resolución de hechos vinculados con la ‘justicia por mano propia’ o fuera del marco legal y jurisdiccional reconocido en un Estado constitucional de derecho, el cual nos proporciona una visión más detallada de los alcances que podría darse a este importante derecho en la administración de la justicia, sin que dicha postura tenga carácter limitativo sobre su ámbito de protección; la misma establece:

‘…que el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia -sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho’.