SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0497/2020-S4

En el caso que se analiza, el accionante denuncia la vulneración del debido proceso en su componente de fundamentación y motivación de las resoluciones, así como de su derecho a la libertad, como emergencia de la emisión del Auto de Vista 24/2020 pronunciado en apelación por la autoridad demandada, quien declaró la procedencia de las apelaciones interpuestas por los representantes del Ministerio Público y de la víctima y dispuso revocar la Resolución que modificó las medidas cautelares sustitutivas que le fueron impuestas, dejando sin efecto el mandamiento de libertad y disponiendo que permanezca en detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Roque de Sucre, mientras que cumpla con las medidas sustitutivas cuya modificación solicitó, decisión que según sostiene el impetrante de tutela, carecería de motivación y fundamentación, que se limitó a expresar presunciones abstractas y sin haber valorado de forma integral y objetiva, todos los elementos de prueba que presentó y que demuestran objetivamente, que durante un año y seis meses desde que se dispuso la cesación a la detención preventiva, no pudo efectivizar su libertad debido a la situación económica precaria que atraviesa, causada por su detención preventiva de más de cuatro años.

           Compulsados los antecedentes que cursan en el expediente, así como los argumentos expuestos por el impetrante de tutela, se tiene que por Auto de 24 de julio de 2018, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Tercero del departamento de Chuquisaca, declararon fundado el incidente de cesación a la detención preventiva planteado por el accionante, imponiéndole las medidas sustitutivas la detención domiciliaria con escolta personal de manera permanente, debiendo acreditar al efecto el domicilio donde cumplirá esa medida; la presentación por dos veces a la semana los lunes y viernes ante el Fiscal de Materia de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, con registro de asistencia; la prohibición de salir del país debiendo tramitar el certificado de arraigo inscrito en Migración; la prohibición de tomar contacto con la víctima, testigos y peritos de la parte acusadora y la presentación de dos garantes personales solventes, con domicilio y con patrimonio independientes de esta ciudad; medidas sustitutivas que el accionante solicitó sean modificadas alegando la imposibilidad de cumplir por no contar con garantes al ser oriundo de La Paz y debido a su situación económica mermada por el tiempo de su detención, adjuntando al efecto el Informe Social emitido por la Trabajadora Social de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de Chuquisaca. Dicha solicitud fue resuelta por Auto 343/2019, dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero del referido departamento, declarando fundado el incidente de modificación de medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva a favor del solicitante de tutela, dejando vigentes solo las medidas sustitutivas establecidas en el art. 231 bis. I numerales 2, 5 y 8 del CPP, fundamentando que a partir de la vigencia de la Ley 1173, el legislador estableció un límite a la detención preventiva, en función a la necesidad de su imposición, íntimamente vinculado a la finalidad de las medidas cautelares que refiere el art. 221 del CPP, debiéndose aplicar la citada Ley 1173 al caso concreto, en observancia del principio de favorabilidad establecido en el art. 123 de la CPE, dado que el procesado se encuentra detenido no obstante haberse dispuesto la cesación de esa medida personal, encontrándose recluido desde el 21 de enero de 2016, por más de tres años y diez meses, impedido de hacer efectiva su libertad por la falta de recursos económicos, lo que es entendible porque no tiene un trabajo remunerado, además que el proceso se encuentra en la etapa de producción de prueba pronto a concluir, no siendo razonable que siga detenido ante la imposibilidad de cumplir con las medidas sustitutivas impuestas, más si existen otras medidas cautelares personales que de igual manera pueden garantizar su presencia en el juicio.

           Contra la decisión de modificar las medidas sustitutivas, el Fiscal de Materia y la víctima interpusieron recursos de apelación; resueltos por Auto de Vista 24/2020, dictado por la autoridad demandada, quien declaró la procedencia del recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público y la procedencia parcial del recurso de apelación formulado por el representante legal de la víctima, consiguientemente dispuso revocar el Auto 343/2019 y dejó sin efecto la modificación de las medidas sustitutivas y el mandamiento de libertad, determinando la continuidad de la detención preventiva del acusado hasta que cumpla las medidas sustitutivas impuestas por Auto de 24 de julio de 2018.

           Ahora bien, en el caso de análisis, el acto identificado como vulnerador de los derechos fundamentales del accionante constituye el Auto de Vista 24/2020, dictado por la autoridad demandada, que dispuso revocar el Auto 343/2019 y dejar sin efecto la modificación de las medidas sustitutivas, determinando la continuidad de la detención preventiva del acusado hasta que cumpla las medidas sustitutivas impuestas por Auto de 24 de julio de 2018; decisión que afecta a la efectivización de la libertad del impetrante de tutela, en virtud de lo cual, corresponde revisar los argumentos que fueron aducidos por el Auto de Vista 24/2020 para dejar sin efecto la modificación de las medidas sustitutivas a la detención preventiva y disponer la continuidad de esa extrema medida mientras que el solicitante de tutela cumpla con las medidas impuestas, cuya modificación fue dejada sin efecto y de esta manera poder establecer si la referida Resolución de alzada cumplió con la exigencia de la debida motivación y fundamentación. Los argumentos de dicho Auto, refieren que el Tribunal a quo al declarar fundado el incidente, aduciendo que el acusado se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de San Roque de Sucre, por más de tres años y diez días, al no haber podido efectivizar su libertad por falta de recursos económicos debido a que no trabaja, hace que la resolución apelada no tenga la debida fundamentación; toda vez que, no se trata de una solicitud de cesación a la detención preventiva para que se hubiese tomado en cuenta el tiempo de permanencia en el centro penitenciario, además que no existiría ningún elemento de convicción objetivo que permita establecer que el acusado no cuente con recursos económicos para cumplir con las medidas cautelares impuestas una vez que se le otorgó la cesación a la detención preventiva; asimismo la decisión objeto de apelación, carece de sustento objetivo, porque no se presentó ningún documento que acredite la situación patrimonial del acusado o estado económico en el que se encuentra, siendo que las únicas pruebas adjuntadas a su solicitud de modificación, consiste en una certificación del Centro Penitenciario de San Roque de Sucre, que acreditó el tiempo de su permanencia en dicho recinto y de ninguna manera su situación económica; al margen de carecer de la suficiente fundamentación al señalar argumentos que no tienen relación con la solicitud de modificación de medidas sustitutivas impuestas, además de no sustentar con elementos objetivos que demuestren la falta de recursos económicos del acusado.

           Compulsados los referidos argumentos de la Resolución de apelación, este Tribunal concluye que la autoridad demandada omitió observar el deber de fundamentación y motivación exigida en toda resolución que determine, modifique o revoque las medidas cautelares, pues en la parte considerativa del Auto de Vista 24/2020, no se advierte que la autoridad demandada hubiera expresado los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de revocar la resolución de modificación de las medidas sustitutivas y de mantener la continuidad de la detención preventiva del accionante, menos fundamentó o justificó la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234 y 235 del CPP, como tampoco estableció la concurrencia de los presupuestos jurídicos señalados en el art. 233 de la norma procesal penal; aspectos que debió observar conforme a la jurisprudencia constitucional emitida al respecto, transcrita en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional.

Por otra parte, con relación a la valoración probatoria, de acuerdo con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien esta es una facultad privativa de los Jueces que imparten justicia ordinaria; empero, si bien a la jurisdicción constitucional no le está permitido valorar la prueba; sin embargo, excepcionalmente puede revisar si en la labor de valoración se afectaron derechos fundamentales y garantías constitucionales, cuando exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuando se hubiera omitido efectuar dicha ponderación, si la decisión estuviera basada en una prueba que no exista o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. En el Auto de Vista 24/2020, se advierte que la autoridad demandada se limitó a señalar que no existe ningún elemento de convicción objetivo que haga ver que el acusado no cuente con recursos económicos para cumplir con las medidas cautelares impuestas una vez que se le otorgó la cesación a la detención preventiva y que la decisión objeto de apelación, carece de sustento objetivo al no haberse presentado ningún documento que acredite la situación patrimonial del acusado o la situación económica en la que se encuentra, siendo las únicas pruebas adjuntadas a su solicitud de modificación consiste en una certificación del Centro Penitenciario de San Roque de Sucre, que acreditó el tiempo de su permanencia en ese recinto y de ninguna manera su situación económica; sin embargo, omitió referirse al Informe Social Informe Social, emitido por la Trabajadora Social de la Dirección Departamental del Régimen Penitenciario de Chuquisaca, por el cual concluyó que el acusado se encuentra con detención preventiva desde el 21 de enero de 2016 y que las medidas sustitutivas a la detención preventiva, referidas a la presentación de dos garantes solventes, con domicilio y con patrimonio independientes en esta ciudad, es de imposible cumplimiento porque no es oriundo de Sucre y no cuenta con familiares en esta ciudad, encontrándose impedido de obtener su libertad ya ordenada; Informe que el accionante adjuntó a su solicitud de la modificación de las medidas sustitutivas y que merecía ser analizado y valorado para llegar a una conclusión sobre su contenido a efectos de asumir la decisión que en criterio de la autoridad jurisdiccional corresponda, de tal forma que, el impetrante de tutela, tenga pleno convencimiento que la prueba aportada fue considerada y ponderada para la decisión que se asuma.