SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0566/2020-S3
Fecha: 24-Sep-2020
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal signado con Número de Registro Judicial (NUREJ) 9018930 seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de delitos electorales e incumplimiento de deberes, previstos en los arts. 238 de la Ley del Régimen Electoral (LRE) y 154 del Código Penal (CP), el 10 de noviembre de 2019, después que el equipo de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo público el informe preliminar de la auditoría integral de las elecciones presidenciales del país, estableciendo la existencia de fraude electoral y, considerando el pronunciamiento del Fiscal General del Estado, quien instruyó la investigación penal de los nueve Tribunales Electorales Departamentales, se presentaron de manera espontánea ante el Ministerio Público; y luego de prestar su declaración informativa fueron aprehendidos conforme al art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
La imputación formal presentada en su contra indicaba que en su caso concurría el peligro de fuga previsto por el art. 234.1 del CPP por no acreditar tener un trabajo en el país, y el peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del mismo Código, relativo a la influencia negativa en partícipes, peritos y testigos. Sin embargo, en audiencia de 12 de noviembre de 2019, celebrada ante el Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Pando, el Ministerio Público no presentó ni un solo indicio sobre la existencia de dichos riesgos procesales. Por esa razón, la mencionada autoridad judicial por medio de Auto Interlocutorio de igual fecha determinó que no concurría el indicado peligro de fuga, pero sí estaría latente el peligro de obstaculización; motivo por el que dispuso su libertad bajo el cumplimiento de cuatro medidas cautelares de carácter personal.
Presentado el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 12 de noviembre de 2019 respecto a la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, el Vocal ahora accionado mediante Auto de Vista de 28 de igual mes y año, sostuvo que: “‘es evidente que el juez no fundamenta como los imputados están influyendo o amenazando’” (sic); pero, de manera contradictoria confirmó en su totalidad el Auto Interlocutorio impugnado.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- concedió
- a)
- II.1.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones
- el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o extiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas.
- decisión sin motivación
- fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno
- La fundamentación
- toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- En cuanto a la motivación
- de manera inescindible, el derecho a una debida motivación y fundamentación de las resoluciones, se halla interrelacionado con el principio de congruencia entendido como ‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’
- La congruencia
- III.2. Análisis del caso concreto
- Fragmento 18
- 1)
- i)
- ii)
- Sobre la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia
- En cuanto a la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación
- Por lo anotado, la Sala Constitucional debe prever la notificación del representante del Ministerio Públlico, posibilitando su intervención, requerimiento u opinión en representación de los 'intereses generales de la sociedad' y no como persona con interés particular como el que refiere a la calidad de
- CONFIRMAR