SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0607/2020-S3
Fecha: 28-Sep-2020
II
El accionante denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo en su vertiente de inamovilidad reforzada por ser padre de un menor con discapacidad, así como el derecho a una vida digna de un menor con discapacidad; debido a que el Alcalde del GAM de La Guardia del departamento de Santa Cruz, mediante el Memorándum de Retiro y Conclusión de Servicios 043/2019-D.M.R.H. de 5 de junio, lo desvinculó del cargo de Director Municipal de Recaudaciones, por un supuesto incumplimiento a sus funciones al no dar respuesta a la Comunicación Interna SMAF 026/2019 de 16 de mayo, en la que se le solicitó la presentación de las políticas de Recaudación a ser aplicadas a corto plazo, siendo ésta una decisión arbitraria ya que no fue sometido a un debido proceso previo, tal y como lo establece el Reglamento Interno de Personal de esa entidad, siendo sancionado de manera directa y sin respetar su “status” de padre progenitor de menor con discapacidad, vulnerando con ello su derecho a la inamovilidad laboral reforzada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II
- Fragmento 13
- son libremente designados
- Los cargos de designación, son aquellos en los que existe un proceso de intermediación democrática, es decir, son designados por quien fue elegido democráticamente y su naturaleza es la flexibilidad, debido al dinamismo institucional que requieren las altas funciones del Estado, en ese sentido, se tienen las siguientes características:
- iii) Realizan labores de dirección y coordinación con las autoridades elegidas democráticamente. De estas características se desprende que este tipo de servidores tienen características específicas que mal podrían ser equiparables a la generalidad de servidores públicos y trabajadores que gozan de la garantía de la inamovilidad en las condiciones establecidas por la Constitución y la Ley.
- Fragmento 17
- III.2. Sobre la atribución de faltas a funcionarios de libre remoción
- la diferencia entre ambos radica en las previsiones por los arts. 7.II y 71
- Los servidores públicos provisorios gozan de los mismos derechos establecidos en el art. 7.I EFP; empero, no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción; es decir no gozan de la inamovilidad laboral
- En ese entendido, si pese a tener la condición de funcionario provisorio y a momento de su destitución se invocare una causal, como en el caso concreto, donde se hizo referencia a una supuesta ‘reestructuración administrativa’, la institución se obliga a demostrar que dentro de su estructura organizacional ya no existe o no existirá ese cargo; motivo por el cual, se prescinde de los servicios del funcionario público. Por lo tanto, reiterando, cuando se trate de la conclusión de servicios de funcionarios provisorios, no es necesario invocar una causal para su destitución, de lo contrario, da lugar a la realización de un proceso administrativo previo a objeto de demostrar la causal y donde el afectado asuma defensa en el marco de un debido proceso
- nadie puede ser objeto de sindicación o sanción de ninguna falta a menos de que ésta emerja de un debido proceso administrativo que cuente con todas las garantías que posibiliten el derecho a la defensa,
- III.3. Análisis del caso concreto
- REVOCAR en parte
- 1° CONCEDER en parte