SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0066/2021-S4

En el caso de autos, de acuerdo a los antecedentes del proceso se puede advertir que la autoridad judicial demandada, incurrió en dilación indebida; toda vez que, desde la primera solicitud presentada por el impetrante de tutela para que se considere la cesación de su detención preventiva (18 de abril de 2019), hasta el 14 de junio de ese año (fecha en la cual, recién se sustanció la audiencia impetrada) demoró un mes y veintiséis días, para resolver la situación jurídica del ahora accionante.

Así también corresponde precisar que, la citada autoridad, mediante Decreto de 18 de abril de 2019, respondió a la primera solicitud del accionante, fijando audiencia para el 14 de mayo del mismo año; veintiséis días después, incumpliendo con lo dispuesto en el art. 239 (CPP) modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, que establece el plazo máximo de cinco días, para señalar audiencia para su resolución; ahora, con la modificación de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se estableció que: “planteada la solicitud en caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza o el juez o tribunal, deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas”.

De acuerdo a lo dispuesto en los decretos de 18 de abril y 27 de mayo de 2019, del acta de suspensión de audiencia de 3 de junio de ese año, la nota de 10 de igual mes y año, presentado por el Secretario de Juzgado, se advierte que se suspendieron cuatro fechas de audiencias sin causas justificadas (14 de mayo; 3, 7 y 11 de junio, todos del mismo año), causando demora en la solicitud de cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, inobservando lo determinado en el artículo precitado.

Por último, siendo que la fecha de presentación de esta acción de libertad –4 de junio de 2019– aún no se había resuelto la situación jurídica del impetrante de tutela; y, al evidenciarse dilación en las actuaciones de la autoridad judicial demandada, conforme fue precisado precedentemente, corresponde conceder la tutela peticionada.