SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0117/2021-S2
Fecha: 10-May-2021
i)
Adela Rosario Flores Quispe, mediante su abogado, de manera oral en audiencia manifestó lo siguiente: i) No se señaló que presentó un recurso de apelación incidental contra la decisión de primera instancia, solicitando se deje sin efecto la detención domiciliaria dispuesta contra una persona de la tercera edad; ii) La justicia constitucional no puede invadir la jurisdicción ordinaria; se omitió mencionar que en observancia del principio de objetividad, el Ministerio Público, al amparo de lo dispuesto en el art. 260 del CPP, solicitó en su resolución de imputación formal, medidas sustitutivas en su favor; no obstante, la autoridad judicial de manera ultra petita, dispuso inicialmente la medida extrema de detención preventiva a sabiendas que el Fiscal de Materia no presentó una petición fundamentada; iii) El art. 67 de la CPE, establece que toda persona adulta mayor tiene derecho a una vejez digna con calidad y calidez humana; iv) Previamente se interpuso otra acción de amparo constitucional ante la Sala Constitucional Tercera de El Alto del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no en relación a la misma problemática, pero sí por la misma persona; oportunidad donde se denegó la tutela. Dicha situación generó violencia psicológica en la imputada, debido a que se lo notificó nuevamente con otra demanda tutelar con el fin de privarle de su libertad física; v) Su persona tenía la guarda de una menor de edad, que es su nieta, la cual fue objeto de agresiones físicas por parte de la accionante; vi) Se manifestó flagrante lesión del debido proceso, debido a que los Jueces de primera instancia no aplicaron lo previsto en el art. 125 del CPP; evidentemente, se inaplicó dicha disposición legal, en razón a que el recurso de complementación y enmienda no puede modificar el fondo de lo ya resuelto; vii) El petitorio de la acción de amparo constitucional formulada, fue que se mantenga firme y subsistente la detención preventiva; empero, nunca se dispuso dicha medida, sino la detención domiciliaria; viii) Efectivamente se emitió una acusación en su contra; sin embargo, la víctima nunca impulsó el proceso y no se determinó la apertura del juicio; se cumplió con la finalidad de la medida cautelar, que es modificable en el transcurso del tiempo; en ese entendido, en ningún momento entorpeció y obstaculizó la investigación; y, ix) La medida fue impuesta en observancia del principio de favorabilidad, además que se enervó todos los riesgos procesales previstos en los arts. 234 y 235 del CPP.
Miriam Laura Tarqui Flores, Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y, Narda Soria Galvarro Hinojosa, Jueza de Sentencia Penal Segunda de El Alto del citado departamento, no presentaron informe escrito ni se hicieron presentes en la audiencia pública de consideración de esta demanda tutelar pese a su legal citación cursante de fs. 56 a 57.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- debe circunscribirse necesariamente a la decisión del juez de primera instancia y a la expresión de ofensas y agravios que contiene el recurso de apelación
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- c
- cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’
- un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso
- De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’.
- La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es.
- Fragmento 17
- III.2. La doctrina de auto restricciones aplicada a la labor interpretativa de las autoridades de la jurisdicción ordinaria, desarrollo jurisprudencial
- De la jurisprudencia glosada queda claro que la interpretación de la legislación ordinaria corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete verificar si en la labor interpretativa se cumplieron los requisitos de la interpretación admitidos por el derecho y si a través de ese proceso interpretativo arbitrario se lesionó algún derecho fundamental
- para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas
- 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional
- 3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional
- Fragmento 23
- El proceso constitucional como Derecho formal está al servicio de la Carta Fundamental y los derechos fundamentales (derecho de fondo o sustancial), y no a la inversa como muchas veces erróneamente se cree
- Fragmento 25
- Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional
- Fragmento 27
- hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa argumentativa desarrollada,
- III.3. Elementos esenciales de la pretensión de la acción de amparo constitucional, la causa petendi y el petitum
- III.4. Análisis del caso en concreto
- en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo
- hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial.
- Fragmento 33
- Fragmento 34
- REVOCAR
- 3