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Es decir, la competencia del órgano jurisdiccional, se limita a realizar el control jurisdiccional de la legalidad y solvencia del informe de auditoría, sobre cuya base se inicia la acción y no puede suplir las deficiencias ni orientar los cargos de fiscalización, que se encuentran a cargo de otro órgano, en este caso administrativo del Estado, como es la Contraloría General, cuyas competencias, funciones y atribuciones son independientes del Órgano Judicial
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- ecretaria de Cámara de la Sala Social y Adm. II.