Auto Supremo AS/0759/2015-RRC-L

El debido proceso, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitir la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al Juez o Tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos; la Constitución Política del Estado (C.P.E.), en sus artículos 115 y 117, reconoce y garantiza la aplicación del debido proceso al constituirse en fundamento esencial del Estado Plurinacional, que tiene entre sus fines y funciones esenciales garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en ella. Entre los elementos que configuran el debido proceso se encuentran: a) el derecho a la defensa; b) el derecho al juez natural; c) la garantía de presunción de inocencia; d) el derecho a ser asistido por un traductor o intérprete; e) el derecho a un proceso público; f) el derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable; f) el derecho a recurrir; g) el derecho a la legalidad de la prueba; h) el derecho a la igualdad procesal de las partes; i) el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; j) el derecho a la motivación y congruencia de las resoluciones; k) la garantía del non bis in ídem; l) el derecho a la valoración razonable de la prueba; ll) el derecho a la comunicación previa de la acusación; m) la concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; n) el derecho a la comunicación privada con su defensor; o) el derecho a que el Estado le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor particular