Auto Supremo AS/1087/2015

De donde podemos inferir que los procedimientos preestablecidos en cada una de las modalidades de contratación estatal tienen un origen constitucional, no siendo pasible la negociación de los mismos, es decir que, cualquier contrato celebrado por la Administración debe estar sujeto a normas del derecho administrativo, o sea que, para que un contrato de la Administración sea considerado como tal, debe estar precedido de ciertos procedimientos establecidos con anterioridad por la ley, salvo aquellas excepcionalidades que la misma ley prevé; pero de ningún modo se puede concebir la idea de que exista un contrato de la Administración o contrato administrativo sin que en su concepción no se haya observado las reglas administrativas adecuadas a ese caso, pues estas reglas no son negociables ni menos descartables por los que celebran el contrato, sino que su concurrencia en definitiva marca la naturaleza misma del contrato; aún se estime que el contrato es de carácter civil por el objeto que conlleva, no es mérito para la inobservancia de las normas administrativas creadas para la consecución de la generalidad de los contratos celebrados por la Administración, pues contrariar ese razonamiento significa vulnerar el principio de legalidad citado supra, atentando de este modo la seguridad jurídica que rige a todo el sistema de contrataciones del Estado