Auto Supremo AS/0295/2017

CONSIDERANDO II:
II.1. Fundamentos Jurídicos del fallo
Que así expuesto el Recurso de Casación en la forma y en fondo, de su contenido podemos evidenciar que, si bien la parte recurrente plantea en el fondo buscando una decisión casatoria, sin embargo, sus argumentos al igual que el Recurso de Casación en la forma tienen que ver con denuncias relacionadas a vicios de procedimiento, como la falta de pronunciamiento sobre los medios probatorios de cargo producidos en el proceso, así como la falta de fundamentación y motivación en la resolución del Recurso de Apelación respecto a las respuestas sobre los agravios contenidos en el Recurso de Apelación, así como violación a los principios de especificidad y congruencia, los cuales al estar vinculados a las formas esenciales del proceso, tienen estrecha relación con el debido proceso en su vertiente al derecho a la defensa, en ese contexto este Tribunal Supremo efectuara una consideración y análisis conjunto de ambos recursos, partiendo de los siguientes criterios:
En referencia a las nulidades debe considerarse para su declaratoria la trascendencia que reviste el acto denunciado, es decir que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerando que no existe nulidad por la nulidad misma, sino que, para una declaratoria de nulidad debe de considerarse y ponderarse todos los elementos que afecten o no de manera directa a los derechos de los involucrados. En ese sentido Alsina sostiene que: “… las nulidades calificadas por la ley, son las nulidades esenciales que pueden ser declaradas de oficio porque ellas se fundan en la violación de una garantía constitucional”. Lo anterior conlleva a decir que en el tratamiento de las nulidades procesales, no es un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías para que el proceso se desarrolle en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario contrastar la denuncia de nulidad con los principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad, entre ellos, el principio de especificidad, que establece que no existe nulidad si ésta no se encuentra prevista por ley; el principio de trascendencia, por el cual no hay nulidad de forma, si la alteración no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio, es decir "no hay nulidad sin perjuicio"; el principio de convalidación, por el que toda nulidad se convalida por el consentimiento de la parte, si no fueron observadas en tiempo oportuno, precluyendo su derecho y, finalmente, el principio de protección, estableciendo que la nulidad solo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella, quedan indefensos los intereses del litigante. En tal virtud, se entiende que, la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes