Auto Supremo AS/0895/2017-RRC

En ese contexto, de la revisión del Auto de Vista, se observa que el Tribunal de alzada respondió a los puntos cuestionados por el recurrente y en lo que concierne al motivo de casación, señaló que la Sentencia en la parte enunciación del hecho y circunstancias objeto de juicio y fundamentación fáctica, probatoria, descriptiva e intelectiva, estableció conclusiones referidas a la valoración de los elementos probatorios de cargo de la acusación fiscal y particular, partiendo de la testifical de Abelardo Monrroy Verástegui; Carmen Rosario Villarroel Andrade, Marina León de Centellas, Javier Vasquez Botelo, Nelson Segarra Villarroel; igualmente, procedió con la prueba de descargo testifical de Liz Estela Cuadros Loayza y Luis Armando Cuadros Loayza y la documental codificada como PD2; que en base a la prueba valorada, se habría demostrado que la acusada en la suscripción de un contrato de anticrético, ofreció un inmueble con gravámenes e hipoteca, aduciendo tratarse de un inmueble libre, recibiendo sumas de dinero y demostrando mala fe, obteniendo un beneficio económico indebido en base a engaño al ocultar las cargas que pesaban sobre el inmueble, sin que efectivamente se haya entregado a los anticresistas. Señaló, que la obligación de fundamentar las resoluciones, debe estar en proporción a la enunciación del hecho y circunstancias que han sido motivo del juicio, lo discutido y probado en audiencia de juicio; en el caso, con relación a las circunstancias del trato entre partes, contrato, entrega de dinero, la afirmación de inmueble libre, la no ocupación del inmueble, el Tribunal estaba en la obligación de fundamentar y exponer sus razonamientos solo en esa dimensión y en base a las pruebas producidas en juicio, situación que ha sido cumplida y sustentada con la prueba judicializada valorada. Continúa indicando, que las pruebas mencionadas de cargo y descargo, han sido analizadas y valoradas en su totalidad, habiéndose extraído conclusiones de la apreciación conjunta y armónica conforme determina el art. 359 del CPP, cumpliendo la obligación de expresar la fundamentación fáctica y descriptiva de los hechos e intelectiva en forma clara, lógica y completa por el que se expone los razonamientos de los orígenes de la suscripción del contrato, los efectos y consecuencias provocadas a la víctima, que derivaron en la atribución de responsabilidad penal