Auto Supremo AS/0015/2018-T

Que, en mérito de lo manifestado, en estricta observancia del art. 122 de la CPE, la disposición adjetiva contenida en la última parte del art. 59 de la Ley de Minería y Metalurgia, es de aplicación y cumplimiento preferente a lo previsto en los arts. 2 y 3 de la Ley Nº 620; consecuentemente, en este tipo de controversias +, quien debe conocer y resolver la causa, es el “Tribunal Departamental de Justicia de la región o departamento que corresponda a la Dirección Departamental o Regional que dictó la resolución inicial”.
Ahora, se tiene que la competencia para el conocimiento de los procesos Contencioso y Contencioso Administrativos en materia Minera, fue encomendada por la Ley de Minería y Metalurgia N° 535 a los Tribunales Departamentales de Justicia de la región o departamento en que se dictó la resolución que dio inicio a la impugnación Administrativa, a fin de brindar mayor celeridad en su sustanciación y resolución, y sobre todo facilitando el acceso a la justicia, principio constitucional consagrado por dicha Ley; y, si bien se aplica preferentemente la norma especial (Ley de Minería y Metalurgia), al estar dispuesta en la Ley N° 620 en su art. 1: “(OBJETO). La presente Ley tiene por objeto crear en la estructura del Tribunal Supremo de Justicia y en los Tribunales Departamentales de Justicia, Salas en Materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa, estableciendo sus atribuciones”, la creación de Salas especializadas tanto en el Tribunal Supremo de Justicia, como en los Tribunales departamentales sobre materia Contenciosa y Contenciosa Administrativa, se debe interpretar que ahora los procesos contenciosos administrativos indicados en el art. 59 parágrafo III de la Ley de Minería y Metalurgia, deben ser sustanciados en las Salas Especializadas Contenciosas Administrativas de los Tribunal Departamentales de Justicia, de la región que dictó la resolución inicial; debe entenderse siempre en forma favorable para el administrado, tomando en cuenta los principios constitucionales que demuestran la voluntad del legislador de consagrar el derecho de acceso a la justicia, extrayendo el espíritu de desconcentración de la administración de justicia la Ley de Minería y Metalurgia, así como la finalidad de la creación de las Salas Especializadas en los Tribunales Departamentales de Justicia dispuesta por la Ley Nº 620; buscando que toda persona sea protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos, garantizando no solo el derecho de acceder a la administración de justicia en sentido formal, sino el derecho a una tutela judicial efectiva, lo que supone que toda persona debe disponer de vías idóneas y asequibles para el oportuno y efectivo reconocimiento de sus derechos; emplear un razonamiento contrario, implicaría un retroceso en el desarrollo de los derechos constitucionales, tal como se determinó en el Auto Supremo N° 228 de 25 de agosto de 2017, de fs. 50 a 51, emitido por esta Sala; como también se tiene expresado en los Autos Supremos Nros. 55 de 5 de mayo de 2017; 89 de 12 de mayo de 2017; 116 de 5 de junio de 2017; 124 de 31 de mayo de 2017; 198 de 8 de agosto de 2017.
En virtud de lo fundamentado y argumentado, se concluye que la Sala Especializada del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, es competente para conocer y resolver la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta; en razón de que ya llegó a su conocimiento, la Sala Social Administrativa, Contenciosa, Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debe reconducir, proseguir con la tramitación y resolver la presente causa, conforme lo precedentemente expuesto; dando cumplimiento a la determinación asumida por este Alto Tribunal, tanto en el Auto Supremo N° 228 de 25 de agosto de 2017, de fs. 50 a 51, como en la presente Resolución