Auto Supremo AS/0747/2019

Verificada la presentación de la prueba, se establece que no mereció el trámite procesal correspondiente; toda vez que, al momento de disponer el traslado del recurso de apelación, el Juez de instancia difirió el conocimiento de este ofrecimiento, al Tribunal de alzada; así se tiene dispuesto al Otrosí 1, del Auto de 29 de junio de 2018 de fs. 446; y habiéndose radicado la causa en la Sala Social Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el Tribunal de alzada no se percató de este aspecto, decretó “Autos” de 31 de enero de 2019 de fs. 464; cuando, conforme prevé el art. 152 del CPT, se debe cumplir ciertos requisitos que justifiquen su admisibilidad en esa instancia, porque si bien es procedente la prueba en segunda instancia, está revestida de condiciones específicas a cumplir, para su admisibilidad y consideración, estableciendo el artículo indicado, que: “Vencido el término probatorio y aún en segunda instancia sólo se aceptarán documentos de fecha posterior conforme a lo previsto en el Artículo 331 del Código de Procedimiento Civil”, lo que implica que, bajo la normativa adjetiva de la materia, en segunda instancia solo se aceptarán o admitirán documentos de fecha posterior a la presentación de la demanda, aspecto reiterado en el art. 112 del CPC-2013, que dispone: “Después de interpuesta la demanda, sólo se admitirá documentos de fecha posterior a ella o, siendo anteriores, bajo juramento o promesa de no haberse tenido conocimiento de los documentos”; razón por la cual, el Tribunal de alzada, debe dar el trámite procesal establecido, respecto de la prueba presentada en segunda instancia, y efectuar el análisis sobre su procedencia impuesto por la indicada normativa, hecho que no ocurrió en el presente caso, y conforme lo precedentemente señalado, las normas procesales son de cumplimiento obligatorio, por ser de orden público y por tanto, no pueden ser omitidos en la sustanciación del proceso.
La omisión del Tribunal de alzada, acarrea el incumplimiento o inaplicación de normas procesales previstas, para la admisibilidad de prueba en segunda instancia, vulnera el debido proceso, que ha sido definido por la Sentencia Constitucional N° 1674/2003-R de 24 de noviembre, entre otras, como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomodan a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica…” (Resaltado añadido); en consecuencia conforme a lo establecido en el art. 106-I-II del CPC-2013, en concordancia con el art. 220-III-1-c del mismo cuerpo adjetivo; y lo señalado precedentemente, corresponde disponer la nulidad, cumpliendo con la obligación de garantizar y velar por una administración de justicia sin vicios y respetando los derechos consagrados por la norma suprema, como la aplicación de la normativa adjetiva en la tramitación de los procesos