Auto Supremo AS/0969/2019

Antes de ingresar al estudio del problema jurídico, es menester precisar las bases jurídicas que han de sustentar el presente fallo, debiendo a tal fin determinar qué se entiende por eficacia y eficiencia de una resolución, términos que no pueden ser asimilados como sinónimos, sino que son principios relacionados a un mismo fin, entonces para disipar este acápite acudimos a lo referido en la Ley del Órgano Judicial, que en su artículo 30 determina que la eficacia constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado emerge de un proceso donde se ha respetado el debido proceso generándose un efecto de impartir justicia, y la eficiencia comprende la acción y la promoción de una administración pronta, con respeto de las reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal, sobre los citados principios existe un gama de criterios doctrinarios donde explican que la eficacia alude a la producción real y efectiva de un derecho en tanto que la eficiencia está dirigida a la idoneidad de la actividad dirigida a tal fin , compartiendo el mismo criterio la jurisdicción constitucional ha generado el siguiente entendimiento: “El art. 180 de la CPE, prevé los principios procesales de la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de eficacia, que supone el cumplimiento de las disposiciones legales y los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo, de oficio, los obstáculos puramente formales, sin demoras innecesarias; este principio está íntimamente vinculado con la prevalencia del derecho sustancial respecto al formal y el principio de verdad material; el principio de eficiencia por el que se pretende mayor certeza en las resoluciones y que las personas puedan obtener un oportuno reconocimiento de sus derechos a través de la ejecución de las resoluciones judiciales, y el principio de verdad material que buscará por todos los medios la verdad pura”.