III.1. De los presupuestos de la reivindicación.
Es vasta la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia respecto a los presupuestos de tutela de la acción reivindicatoria, así el Auto Supremo Nº 1277/2018 de 18 de diciembre, entre otros, señaló: “Para la procedencia de la referida acción son tres los presupuestos esenciales: 1) el derecho de propiedad de la cosa por parte del actor; 2) la posesión de la cosa por el demandado; y 3) la identificación o singularización de la cosa reivindicada. Consiguientemente, la prueba de la acción reivindicatoria debe estar dirigida a demostrar esos tres presupuestos o requisitos, es decir quien demanda la reivindicación de un bien debe demostrar: 1) el derecho de propiedad de quien se pretende dueño; 2) la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3) la posesión de la cosa por el demandado”.
El art. 1453 del sustantivo civil establece: (ACCIÓN REIVINDICATORIA). I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, de esto se desprende que la reivindicación es una acción real que tiene como objeto la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, está dirigida contra aquella persona que tiene la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte estar en posesión; en otras palabras la acción reivindicatoria está consignada para aquel propietario que no se encuentra en posesión de una cosa para que pueda reclamar la restitución de la misma en razón del derecho que tiene de poseerla, la demanda se dirige en contra del poseedor que no es propietario y que se encuentra en posesión de la misma (legitimación pasiva), esta acción es imprescriptible, salvo los efectos que produzca la adquisición de la propiedad por otra persona en virtud de la usucapión.
En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de manos de un tercero, es decir, el ius in re, a efectos de ejercitar todos los derechos emergentes ius utendi, fuendi ete abutendi, los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo civil.
- TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
- S A L A C I V I L
- Supremo:
- Expediente:
- Partes:
- CONSIDERANDO I:
- ANTECEDENTES DEL PROCESO
- 1. Con base en la demanda cursante de fs. 81 a 84, subsanada a fs. 85 a 86, Roxana Yañez de Sejas y Julio Sejas Claros, iniciaron proceso ordinario de reivindicación, acción negatoria, mejor derecho propietario más pago de daños y perjuicios en contra del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien una vez citado se apersona planteando excepción de oscuridad e imprecisión en la demanda, contestando de forma negativa, y reconviniendo acción negatoria, reivindicación, mejor derecho propietario y pago de daños y perjuicios mediante memorial corriente en fs. 104 a 107 vta., desarrollándose de esta manera la causa hasta la emisión de la Sentencia N° 151/2008 de 28 de mayo, corriente de fs. 250 a 252 vta., por la que el Juez Nº 9 de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz declaró IMPROBADA la demanda principal e IMPROBADA la demanda reconvencional.
- 2. Resolución de primera instancia que al ser recurrida en apelación por Roxana Yañez de Sejas y Julio Sejas Claros, conforme memorial que sale de fs. 255 a 256 vta., y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante memorial de fs. 259 a 261 vta., originó que la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emita el Auto de Vista N° 249/2021 de 21 de mayo, corriente en fs. 445 a 450 vta., CONFIRMANDO la Sentencia apelada; bajo el argumento de que no existe una correlación entre el derecho propietario que se afirma que se genera en la dotación agraria y el antecedente del dominio que forja la Matrícula en la que se halla inscrito el derecho propietario de la parte actora, pues la ubicación del bien inmueble figura en la región de Llaulluni Zona de San Pedro con una superficie de 1.401 m2, para luego ser inscrito bajo acciones y derechos del 50% con una superficie de 1.100 m2 y terminar sin ninguna explicación, con una superficie de terreno muy distinta; además, que también pasó a ser registrado como si estuviera ubicado en el exfundo Bajo Llojeta del cantón Achocalla con su superficie de 1.420 m2, lo cual es inverosímil con la naturaleza de los bienes inmuebles, puesto que su característica es que no pueden desplazarse de un lugar a otro; aspecto que dejó en claro que no solo existe una indeterminación del derecho propietario pretendido, sino que dicho derecho propietario se encuentra en otra zona y que no corresponde al pretendido.
- Concluyendo que ninguna de las partes acreditó derecho propietario, ni sobre la plazoleta o sobre la rotonda, por lo que la acción negatoria de ambos ha sido correctamente desestimada.
- 3. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por Roxana Yañez de Sejas y Julio Sejas Claros, según escrito de fs. 457 a 461 vta., y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, mediante el memorial de fs. 467 a 469 vta., el cual se analiza:
- CONSIDERANDO II:
- DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
- II.2. Del Recurso de Casación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
- II.3. Respuesta al recurso de casación.
- Los demandantes señalan que el recurso interpuesto por el Municipio no reúne los mínimos requisitos que son elementales para su consideración por este Alto Tribunal de Justicia, pues no ha llegado a expresar en donde se encuentra el yerro, limitándose a efectuar disquisiciones genéricas que están fuera de contexto, sin precisar qué puntos de su impugnación no hubiesen sido considerados y fundamentalmente la manera en que esta decisión judicial hubiese vulnerado sus derechos.
- CONSIDERANDO III:
- DOCTRINA APLICABLE AL CASO
- III.1. De los presupuestos de la reivindicación.
- III.2. En Relación a la Valoración de la Prueba.
- III.3. Bienes de dominio del Estado y los Municipios.
- A su turno el art. 6 párrafo segundo de la Ley No 2372 de Regularización del Derecho Propietario Urbano de 22 de mayo de 2002, prescribe: “Los Gobiernos Municipales, están obligados a inscribir el derecho de propiedad de sus predios en Derechos Reales, y las leyes que declaran la propiedad municipal, constituyen título suficiente originario para su inscripción, de pleno derecho sin requerir información o documentación adicional”.
- III.4. Facultades del Tribunal de Alzada.
- En nuestro actual contexto jurídico, se ha superado las viejas concepciones del papel ritualista del Juzgador, por una actividad dinámica de los jueces de instancia, poseyendo el Tribunal de Apelación las mismas facultades y prerrogativas del Juez de instancia, teniendo amplios poderes para revaluar o tamizar todo el elenco probatorio (si el reclamo así lo permite) tal cual ha señalado el Auto Supremo N° 0897/2019 de 6 de septiembre de 2019, en el que se asumió:
- CONSIDERANDO IV:
- FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN
- IV.2. Del Recurso de Casación del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
- Regístrese, comuníquese y devuélvase.