AMPARO DIRECTO 1035/2017. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN CARLOS MORENO CORREA. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JUAN MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.

Antes de explicar el porqué no le asiste razón ni derecho a la ex cónyuge del de cujus, aquí quejosa, en principio, debe precisarse que no pasa inadvertido para este tribunal que la Junta, correcta o incorrectamente (lo que no se examina por no agraviar a la aquí inconforme, sino acaso a la empresa codemandada y condenada en el laudo), sustentó sus condenas con base en lo establecido en el artículo 88 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, el cual prevé las prestaciones post-mortem a que tienen derecho los beneficiarios cuando fallece un trabajador de confianza de planta, como lo son: gastos funerarios; seguro de vida que se calcula tomando como base la antigüedad de empresa generada y así se establecen los meses de salario ordinario que deben pagarse por dicho concepto; prima de antigüedad, consistente en el importe de veinte días de salario ordinario por cada anualidad de servicios y una pensión post-mortem pagada durante tres, cinco y ocho años, o de manera vitalicia; normatividad que le resulta aplicable a aquellos trabajadores en activo y, en el caso, el de cujus se encontraba jubilado, supuesto regulado por el diverso artículo 89, de acuerdo a lo expuesto por la parte patronal en su escrito de contestación; hecho que además no está controvertido, como ya se anticipó, por lo que las prestaciones a que sus beneficiarios tienen derecho son: gastos funerarios, seguro de vida por la cantidad de $********** (**********) y el pago de una pensión post-mortem, tal como se puede apreciar de la transcripción de las citadas disposiciones contractuales: