AMPARO DIRECTO 1257/2019. 16 DE JULIO DE 2020. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ. SECRETARIA: VERÓNICA LÓPEZ MARTÍNEZ.

En una parte del segundo de los motivos de inconformidad, la quejosa sostiene que si bien la autoridad responsable revirtió la carga de la prueba al trabajador debido al ofrecimiento de trabajo; sin embargo, dice que de ninguna manera es obligación aceptar ese ofrecimiento de una persona que lo ha despedido de manera injustificada, aunado al hecho de que la acción que ejerció en este juicio no fue la reinstalación, máxime que, dice: "las pruebas ofrecidas y omitidas durante la inspección ocular a cargo de la moral, son de mala fe, pues no presentó los documentos que se le solicitaron y que de acuerdo a la ley de la materia es obligación del patrón resguardar, situación que deja en un estado de indefensión inminente a mi mandante, ante la deficiente valoración de las pruebas ofrecidas por parte de mi mandante y omitidas por parte de la moral demandada."

El argumento anterior, suplido en su deficiencia, es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, haciendo innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación.

En primer término, es necesario precisar que la hipótesis a que se refiere el presente apartado, parte del análisis conjunto de los supuestos que a continuación se detallan:

1) Que el trabajador haya ejercido la acción relativa al pago de la indemnización constitucional por despido.