Suprema Corte de Justicia de la Nación

AMPARO EN REVISIÓN 194/2023

Fecha: 15-Ene-2025

QUEJOSO: HÉCTOR GABRIEL TREJO RANGEL

AUTORIDADES RECURRENTES:

COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES

Y SU SECRETARIO TÉCNICO, AMBOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, y el DIRECTOR JURÍDICO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE DURANGO

MINISTRO PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK

SECRETARIA: JAZMÍN BONILLA GARCÍA

ÍNDICE TEMÁTICO

	Apartado	Criterio y decisión	Págs.
I.	COMPETENCIA	Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del amparo en revisión.	5
II.	OPORTUNIDAD	De este aspecto se ocupó el tribunal colegiado de circuito	5
III.	LEGITIMACIÓN	Deben desecharse los recursos del Secretario Técnico de la Comisión de Responsabilidades y del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción del Estado de Durango.	5
IV.	PROCEDENCIA DEL RECURSO	El recurso es procedente porque se combate una sentencia dictada en audiencia constitucional.	6
V.	CONSIDERACIONES INTOCADAS	No se combatieron los sobreseimientos decretados	6
VI.	ESTUDIO DE FONDO	Son infundados los agravios	7
VII.	DECISIÓN	PRIMERO. Se DESECHAN los recursos del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción del Estado de Durango y del Secretario Técnico de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Durango SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a HÉCTOR GABRIEL TREJO RANGEL contra el dictamen de procedencia de juicio político emitido en el expediente C.R.LXVIII.P.J.P.03/2021, así como todas y cada una de las etapas del procedimiento.	20

AMPARO EN REVISIÓN 194/2023

QUEJOSO: HÉCTOR GABRIEL TREJO RANGEL

AUTORIDADES RECURRENTES:

COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES

Y SU SECRETARIO TÉCNICO, AMBOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, y el DIRECTOR JURÍDICO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE DURANGO

MINISTRO PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK

SECRETARIA: JAZMÍN BONILLA GARCÍA

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al quince de enero del dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 194/2023, interpuesto por la Comisión de Responsabilidades y el Secretario Técnico, ambos del Congreso del Estado de Durango, así como por el Director Jurídico de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de dicha entidad federativa, contra la sentencia de veinte de julio de dos mil veintidós dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Durango en el juicio de amparo indirecto 968/2021.

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar la regularidad constitucional de la resolución sancionatoria emitida contra el quejoso.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

Demanda de amparo indirecto. Por escrito recibido el trece de agosto del dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, HÉCTOR GABRIEL TREJO RANGEL , por propio derecho, promovió juicio de amparo contra las autoridades responsables y por los actos reclamados siguientes:

ACTOS RECLAMADOS

Las supuestas “Conclusiones para la continuación del procedimiento de juicio político, mismo que no me ha sido notificado, pero que conozco de su existencia por las declaraciones hechas por el Diputado Gerardo Villarreal Solís, presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Durango, en la que estiman que se debe imponer 7 años de inhabilitación para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
La falta de notificación del acuerdo y/o determinación y/o Resolución emitida dentro del expediente CR.LXVIII.P.J.P.03/2021, por la Subcomisión de Estudio Previo del H. Congreso del Estado de Durango, conforme a las formalidades esenciales del procedimiento.
La denuncia presentada por el Fiscal Anticorrupción del Estado de Durango en mi contra.
Dictamen en el que se determina supuestamente incoar Juicio Político en mi contra como Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango, “por los hechos denunciados por el Fiscal Anticorrupción del Estado de Durango, al supuestamente acreditarse los supuestos que para tal efecto prevé el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de Juicio Político, Declaración de Procedencia y el Ejercicio de Facultades legislativas en Materia de Enjuiciamiento por Responsabilidades Públicas y por encontrarse justificada su probable responsabilidad en la comisión de los actos y conductas que se le atribuyen y que encuadran en las causales de juicio político previstas en las fracciones V, VI y IX, del artículo 9 de la Ley en cita”.

AUTORIDADES RESPONSABLES

Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción en el Estado de Durango, en su calidad de ordenadora y ejecutora.
Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado de Durango, en su calidad de ordenadora y ejecutora.
Secretario Técnico de la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado de Durango.
En su demanda de amparo planteó, en esencia, los siguientes argumentos:
Los actos fueron emitidos por autoridades legalmente incompetentes, pues únicamente tienen facultades para instaurar procedimientos contra sujetos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de Juicio Político y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango no son sujetos de declaración de procedencia juicio político.
Se pretende imponer una sanción por un aspecto jurisdiccional y eso es violatorio de la independencia judicial y del principio de división de poderes.
En todo caso, las conductas por las que se pretende sancionar no pueden ser objeto de responsabilidad al tratarse de aspectos jurisdiccionales.
Juicio de amparo indirecto. De la demanda correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, donde se tramitó con el número 968/2021 y, previo desahogo del trámite, el veinte de julio de dos mil veintidós se dictó sentencia en la que:
Se precisaron como actos reclamados: 1. La denuncia de juicio político, y 2, el dictamen de procedencia de juicio político emitido en el expediente C.R.LXVIII.P.J.P.03/2021, así como las etapas del procedimiento.
Sobreseyó en el juicio respecto del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción del Estado y del Secretario Técnico de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado por estimar que los actos que se les reclamaron no son de autoridad para efectos del juicio de amparo.
Desestimó la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica porque aun cuando se hubiera emitido sentencia en el juicio político, tal circunstancia no torna en irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en el dictamen.
Desestimó la causa de improcedencia relativa a actos consumados de forma irreparable porque a través de la sentencia de amparo estimatoria se podrían destruir los efectos de la sentencia de juicio político.
Desestimó la causa de improcedencia relativa a que se reclamaron actos soberanos porque el amparo es improcedente contra la decisión soberana del congreso estatal y, en el caso concreto, se impugnaron los actos previos.
Emprendió un control ex officio del artículo 7, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de Juicio Político, Declaración de Procedencia y el ejercicio de facultades legislativas en materia de enjuiciamiento por responsabilidades públicas para el estado de Durango, que prevé que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa son sujetos de responsabilidad política, para decidir inaplicarlo dado que la constitución estatal no prevé a estos magistrados como sujetos de juicio político.
Consideró además que, tal como sostuvo el quejoso, las conductas por las cuales se formuló la denuncia en su contra no son de aquellas que generen una responsabilidad política por tratarse de consideraciones jurídicas que sostienen un fallo jurisdiccional como es proveer sobre la admisión de una demanda y la procedencia de la suspensión.
Consecuentemente, concedió el amparo cuyo efecto inmediato y directo fue la ineficacia del dictamen de procedencia y sus actuaciones posteriores, debiendo la Subcomisión de Estudio Previo de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Durango emitir una nueva determinación en la que deseche la denuncia de origen, lo que alcanza a la sentencia del estado erigido como jurado de sentencia.
Recurso de revisión. Inconformes, la Comisión de Responsabilidades y el Secretario Técnico de la Comisión de Responsabilidades de ese órgano legislativo, así como el Director Jurídico de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, interpusieron sendos recursos de revisión, de los que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, donde se registró con el toca 151/2022, donde en sesión de nueve de diciembre del dos mil veintidós determinó, en atención a la solicitud de la autoridad responsable, remitir los autos a este alto tribunal a efecto de que decidiera si ejercía o no su facultad de atracción.
Ejercicio de la facultad de atracción. Mediante resolución de uno de marzo de dos mil veintitrés emitida en la solicitud de ejercicio de facultad de atracción 772/2022, esta Segunda Sala decidió conocer de los recursos de revisión que dieron origen al toca referido.
Trámite ante la Suprema Corte. Mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil veintitrés, la Presidenta de este alto tribunal ordenó su registro con el número 194/2023 y lo turnó a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Avocamiento. El Presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ministra ponente.
Returno. En sesión de treinta de octubre del dos mil veinticuatro, esta Segunda Sala acordó el returno del asunto al Ministro Javier Laynez Potisek.
COMPETENCIA
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo, y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario 1/2023, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, sin que resulte necesaria la intervención del Pleno.
OPORTUNIDAD
Resulta innecesario verificar la oportunidad de los recursos de revisión dado que de ese aspecto se ocupó el tribunal colegiado de circuito del conocimiento.

III. LEGITIMACIÓN

El recurso de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Durango fue interpuesto por parte legítima toda vez que se trata de la autoridad responsable en el juicio de amparo cuyo acto reclamado fue objeto de la concesión del amparo.
No obstante, los recursos tanto del Secretario Técnico de la Comisión de Responsabilidades como del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción del Estado de Durango deben desecharse por falta de legitimación en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo, conforme al que las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión en sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas.
Para corroborar el aserto anterior se toma en cuenta que el juez del conocimiento sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados de esas autoridades al considerar que no se pueden considerar de autoridad para efectos del juicio de amparo.
Por tanto, al haberse decretado el sobreseimiento en el juicio, no existe un sentido de afectación que les perjudique y, por ende, carecen de legitimación para combatir la sentencia recurrida.
PROCEDENCIA DEL RECURSO
El recurso de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Durango es procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, toda vez que se interpone contra la sentencia dictada en audiencia constitucional.
CONSIDERACIONES INTOCADAS
No es materia del recurso el sobreseimiento decretado por el juez respecto de los actos reclamados del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción del Estado de Durango y del Secretario Técnico de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, por no existir agravio de parte a quien pudiera perjudicar.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 20/91, de la anterior Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, abril de 1991, Tomo VII, página 26, Nación, de rubro: REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR .

VI. ESTUDIO DE FONDO

De la lectura de la sentencia recurrida se advierte que el juez de distrito concedió el amparo sobre dos consideraciones esenciales:
En ejercicio de un control de regularidad constitucional ex officio decidió inaplicar el artículo 7, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de Juicio Político, Declaración de Procedencia y el Ejercicio de Facultades Legislativas en Materia de Enjuiciamiento por Responsabilidades Públicas para el Estado de Durango, que prevé que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa serán sujetos de juicio político, pues dicha norma legal es contraria a la constitución local que establece que los únicos magistrados que podrán ser sujetos de responsabilidad política serán los que integran al poder judicial estatal. Por tanto, si no existe norma que permita enjuiciar políticamente a un magistrado local, entonces el acto reclamado es inconstitucional.
Consideró que no es posible iniciar un juicio político a una autoridad jurisdiccional como es el magistrado quejoso por actos emitidos en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales como es la admisión de una demanda y la determinación de conceder la suspensión.
En su pliego de agravios la autoridad recurrente combate ambas consideraciones. Por cuestión de método en la exposición se analizarán primero las que pretenden combatir la decisión que llevó al juez a concluir que el quejoso no es sujeto de juicio político y, con posterioridad, se examinarán las tendentes a demostrar que el acto por el que se le sometió a juicio político sí es susceptible de sancionarse por esa vía.
La autoridad plantea que si bien el artículo 177 de la Constitución Política del Estado de Durango no establece expresamente que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de esa entidad federativa serán sujetos de juicio político -porque solamente se prevé para las y los magistrados, consejeros de la judicatura y jueces del poder judicial local- lo cierto es que esa misma norma constitucional local establece que las y los consejeros o comisionados de los órganos constitucionales autónomos sí serán sujetos de juicio político.
Sostiene que conforme al artículo 114 de la Constitución estatal, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango es la autoridad jurisdiccional dotada de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos, por lo que es evidente que se trata de un órgano constitucional autónomo estatal por lo que si el diverso artículo 177 constitucional local alude a los titulares de órganos constitucionales autónomos, es claro que estos magistrados sí son sujetos de juicio político.
Afirma que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no es necesario que exista un precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos para que sean considerados como tales, lo cierto es que basta que presenten algunas características para que tengan esa naturaleza, a saber: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera, y d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.
Así, alega que, si el artículo 114 de la constitución local da vida al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Durango con las características antes referidas, es claro que se trata de un órgano constitucional autónomo y, por ende, sus titulares son sujetos de responsabilidad política.
Además, afirma que el a quo pasó por alto que de acuerdo con el diverso artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, los casos de renuncia y terminación del encargo de sus magistrados serán los mismos que se establecen en ese ordenamiento y la ley para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Antes de realizar mayor pronunciamiento esta Segunda Sala estima necesario precisar que, como quedó mencionado, la decisión del juez de distrito se fundó en el ejercicio de un control de regularidad de convencionalidad ex officio que lo llevó a concluir que al ser inconstitucional el artículo 7, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en Materia de Juicio Político, Declaración de Procedencia y el Ejercicio de Facultades Legislativas en Materia de Enjuiciamiento por Responsabilidades Públicas para el Estado de Durango, debía inaplicarlo.
En sus agravios, la autoridad no propone un solo argumento tendente a cuestionar el ejercicio de tal control ex officio ni tampoco combate la decisión de inaplicar la norma legal que sirvió para fundar el inicio del juicio político contra el quejoso. Por el contrario, la recurrente convalida ese ejercicio al proponer argumentos tendentes a evidenciar que fue inadecuado el examen del juez de distrito en el sentido de que la constitución local no prevé la posibilidad de enjuiciar políticamente a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Por tal motivo, la materia de examen de este agravio se circunscribirá únicamente a los aspectos alegados que giran en torno a dos ideas fundamentales:
Que el Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano constitucional autónomo local (en lo sucesivo OCA), cuyos titulares sí pueden ser sujetos de juicio político.
Que la propia constitución estatal reconoce que los casos de renuncia y terminación del encargo de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa serán los mismos que se establecen a nivel constitucional y legal para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
El argumento sintetizado con el inciso a) parte de la premisa de que el Tribunal de Justicia Administrativa estatal es un OCA, por lo que se debe verificar esa circunstancia.
Para tal efecto se toma en cuenta que el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Durango, previsto en el capítulo I Disposiciones generales del título quinto De los órganos constitucionales autónomos de la constitución estatal, vigente al momento en que se inició el procedimiento de juicio político contra el hoy quejoso (e incluso vigente al momento de emitirse las conclusiones acusatorias por el Congreso del Estado de Durango erigido como jurado de sentencia), preveía:

Artículo 130.

Los órganos constitucionales autónomos tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, gozarán de autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones; las leyes de su creación determinarán la integración y funciones de sus consejos, órganos directivos, consultivos o de gobierno, así como su estructura orgánica y funcionamiento. El Congreso del Estado, designará con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, a los titulares de sus órganos internos de control, mismos que no serán reelectos.

Los órganos constitucionales autónomos serán: La Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, los cuales tendrán las facultades y obligaciones que expresamente les otorga esta Constitución y las leyes; así como las siguientes:

I. Iniciar leyes en las materias de su competencia. La iniciativa deberá presentarse por conducto de sus titulares, previo acuerdo de sus consejos, comisiones u órganos directivos, consultivos o de gobierno.

II. Proponer el proyecto de presupuesto, el cual deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones de sus servidores públicos, para que se integre en el Presupuesto de Egresos del Estado.

III. Sujetarse al régimen de fiscalización previsto en la presente Constitución y en las leyes

IV. Rendir ante el Congreso del Estado un informe anual por escrito de labores y la cuenta pública.

El segundo párrafo de la norma transcrita enumera los órganos que se consideran constitucionales autónomos en el estado de Durango, a saber: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas, de los que no se advierte la existencia del Tribunal de Justicia Administrativa.
Después de enlistarlos, esa misma reconoce que tales órganos tienen las facultades y obligaciones previstas tanto en la Constitución como en las leyes y, además, les irroga algunas determinadas como es, por ejemplo, la de iniciativa de ley.
En todo el título quinto relativo a los órganos constitucionales autónomos, la Constitución estatal no refiere al Tribunal de Justicia Administrativa por lo que es claro que no está reconocido como tal y, por ende, es infundado el agravio en comento.
Esta Segunda Sala estima necesario precisar que fue hasta la reforma publicada en el periódico oficial del estado el treinta de octubre del dos mil veintidós, cuando el órgano reformador de la Constitución local introdujo al Tribunal de Justicia Administrativa en el catálogo de órganos constitucionales autónomos, a la par que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
Por tanto, si al momento en que se inició el procedimiento correspondiente contra el hoy quejoso no estaba reconocido el Tribunal de Justicia Administrativa como órgano constitucional autónomo, es claro que el argumento que se examina es infundado en tanto parte de una premisa inexacta.
Ahora, la recurrente también plantea que si el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, establece que los casos de renuncia y terminación del encargo de sus magistrados serán los mismos que se establecen en ese ordenamiento y la ley para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y éstos son sujetos de juicio político, resulta claro que también lo son los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Para resolver su argumento resulta necesario tener en cuenta el contenido de los artículos 114 y 115 de la Constitución estatal, que dicen:

Artículo 114.

El Tribunal de Justicia Administrativa es la autoridad jurisdiccional dotada de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones; tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos del Estado y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con las faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos.

Artículo 115.

El Tribunal de Justicia Administrativa, se integrará con tres magistrados numerarios y tres magistrados supernumerarios, quienes suplirán a los propietarios en sus ausencias.

Las magistradas y los magistrados serán designados por el Ejecutivo del Estado y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los integrantes presentes del Congreso. Durarán en su encargo 6 años improrrogables. Los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la Ley.

Los requisitos para ocupar el cargo y la forma de elección, así como los casos de renuncia y terminación del encargo, serán los mismos que establecen esta Constitución y la Ley, para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

El artículo 114 transcrito establece que el Tribunal de Justicia Administrativa es la autoridad jurisdiccional dotada de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones y define el ámbito del ejercicio de sus atribuciones que, en esencia, se circunscribe a dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares.
Por su parte, el artículo 115 dispone la integración de ese tribunal y la forma de su designación por parte del ejecutivo local y con aprobación de dos terceras partes de los miembros presentes del congreso, quienes durarán seis años en su encargo y solo podrán ser removidos por las causas graves que señale la ley.
Su último párrafo dispone cuáles son los requisitos para ocupar el cargo y, en lo que aquí interesa, que los casos de renuncia y terminación del encargo, serán los mismos que establecen esta Constitución y la Ley, para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia .
El artículo 109 de la Constitución estatal establece los casos de terminación del encargo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, como se advierte de su transcripción:

Artículo 109.

El pleno del Tribunal determinará la conformación y competencia de las salas así como sus titulares.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo seis años, y podrán ser ratificados, previo procedimiento de evaluación de su desempeño por parte del Congreso del Estado, a partir de la información y elementos que proporcione el Tribunal Superior de Justicia.

Los magistrados terminarán su encargo en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Al determinarse incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus funciones.

II. Al cumplir quince años, en el ejercicio del cargo, si fueron ratificados.

III. Al cumplir setenta años de edad, si fueron ratificados.

IV. Al cumplir seis años en el cargo, si no fueren ratificados.

V. En los demás casos que establezca esta Constitución y la ley de responsabilidades.

Los Magistrados en retiro son aquellos que habiendo sido ratificados concluyan su encargo.

Será Presidente del Tribunal Superior de Justicia el Magistrado que designe el Pleno; durará en su encargo seis años y podrá ser reelecto sólo por término igual y rendirá protesta ante el Pleno del Tribunal, y mientras ejerza su función no integrará Sala.

El precepto constitucional transcrito establece como causas de terminación del nombramiento de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango: que se determine la incapacidad física o mental que impida el desempeño de las funciones, que se cumplan quince años en el ejercicio del cargo si fueron ratificados o seis años si no fueron ratificados, que se cumplan los setenta años de edad y los demás que señalen la propia Constitución y las leyes.
Se trata pues de causas por las que naturalmente debe concluir el ejercicio del cargo: algún impedimento físico o mental que haga que la persona encargada de la impartición de justicia preste el servicio en forma apropiada, el cumplimiento de una edad de retiro forzosa, o bien, por cumplimiento del plazo para el que fue designado.
Hasta aquí es claro que la norma que establece las causas de terminación de la magistratura del Tribunal Superior de Justicia no aparece la relativa a ser sujeto de juicio político, con independencia de que las causas referidas en ese precepto se refieren, como se sostuvo, a la terminación natural del nombramiento ya sea por edad, algún impedimento físico o mental, o bien, por cumplimiento del plazo para el que una persona fue designada.
Ahora bien, el artículo 177 también de la constitución local establece, en su párrafo primero, que los servidores públicos del Estado y de los municipios serán responsables política, administrativa, penal y civilmente de los actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones.
De especial interés resulta el segundo párrafo de esa norma constitucional que expresamente establece que [e]l juicio político procederá contra el Gobernador del Estado, las y los diputados, titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo, de los organismos de la administración pública paraestatal; las y los magistrados, consejeros de la judicatura y jueces del Poder Judicial del Estado ; las y los consejeros o comisionados de los órganos constitucionales autónomos, y las y los presidentes municipales, regidores, síndicos, la o el secretario y la o el tesorero de los ayuntamientos y, en su caso, concejales municipales, por actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, de acuerdo a las siguientes prevenciones:
Sólo podrá iniciarse en el tiempo que el servidor público se encuentre en funciones y dentro de un año después y no durará más de seis meses.
No procede juicio político por la mera expresión de ideas.
Podrán tramitarse conjuntamente el juicio político y el de declaratoria de procedencia.
A través del juicio político se impondrán las sanciones de destitución y de inhabilitación para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público por el término que señale la ley.
El Congreso del Estado aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de la mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.
El segundo párrafo de la norma constitucional de referencia enlista, en forma expresa, quiénes son los servidores públicos sujetos a juicio político dentro de los cuales, si bien están referidos los magistrados del Poder Judicial del Estado, no están los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Se trata entonces de una norma que enlista expresa, enunciativa y limitativamente a las personas servidoras públicas con posibilidad de ser juzgadas por responsabilidad política por lo que no existe razón para concluir que quienes no estén ahí referidos pueden ser sujetos, por analogía, de ese tipo de procedimiento.
Esta afirmación se corrobora si se toma en cuenta que este alto tribunal ha considerado que el juicio político implica el ejercicio de una función materialmente jurisdiccional llevada a cabo por un órgano político para remover de su cargo o inhabilitar para otros posteriores a un servidor público. A través de este juicio se finca responsabilidad a ciertos funcionarios que han cometido infracciones, en cuyo caso se aplica una sanción eminentemente política, si su conducta redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, a quienes también se les puede sancionar en la vía administrativa.
Así se advierte de la tesis aislada 2a. LXXV/2009, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio del 2009, página 465, que dice:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD. ES INDEPENDIENTE DEL JUICIO POLÍTICO, POR LO QUE PUEDE INSTAURARSE CONTRA LOS DIRECTORES GENERALES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS QUE PUEDEN SER SUJETOS DE ESTE ÚLTIMO. El juicio político implica el ejercicio de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano político para remover de su cargo o inhabilitar para otros posteriores a un servidor público, como puede ser el director general de un organismo descentralizado. Ahora bien, a través de este juicio, se finca responsabilidad a ciertos funcionarios que han cometido infracciones, en cuyo caso se aplica una sanción eminentemente política, si su conducta redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho; sin embargo, a estos servidores públicos puede sancionárseles en la vía administrativa, al tratarse de procedimientos autónomos y porque el régimen de responsabilidad administrativa, siempre en concordancia con lo dispuesto en otras leyes, abarca al personal de los Poderes de la Unión y de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. Por tanto, si el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las medidas necesarias para identificar, investigar y sancionar por este medio, el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos al desempeñar su empleo, cargo o comisión, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, economía y eficacia, es incuestionable que con independencia de que se trate de funcionarios que pueden ser sujetos de juicio político, al descansar el sistema en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, es factible que se les sancione a través del procedimiento administrativo, que puede concluir con la destitución, la inhabilitación, o la imposición de una sanción económica.

Si se trata de un procedimiento que tiende a establecer sanciones, resulta claro que solamente pueden ser impuestas a quienes expresamente prevé la norma correspondiente, pues solo de esta manera se genera certeza y seguridad jurídica respetándose el principio de legalidad conforme al que las autoridades solamente pueden hacer lo que les está expresamente permitido.
En efecto, al tratarse de una norma que refiere a una sanción impuesta tras la instauración de un procedimiento, es claro que su lectura debe ser estricta y no extensiva, máxime que se trata de un régimen de responsabilidad que no sanciona, por ejemplo, la negligencia en el ejercicio del cargo público (pues esto es objeto de responsabilidad administrativa), sino que, como se dijo, se trata de una sanción eminentemente política impuesta por afectar los intereses públicos fundamentales.
Además, si bien es cierto que en sentido amplio la destitución que se puede llegar a imponer en un juicio político es una forma de dar por concluido el nombramiento correspondiente, lo cierto es que en sentido estricto se trata de una sanción y no de una forma de terminación natural del cargo para el que, por ejemplo, un magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa fue designado.
De ahí que también resulte infundado el agravio en examen.
En virtud de que la autoridad recurrente no logró desvirtuar una de las causas eficientes que sostienen la concesión del amparo, resulta innecesario estudiar el resto de los agravios que pretenden combatir la diversa causa eficiente, pues su examen en nada variaría el sentido del fallo precisamente porque la concesión del amparo seguiría sostenida en la determinación que no fue destruida.
No obstante, con el solo propósito de no dejarla inaudita se estima pertinente precisar que es jurisprudencia obligatoria de este alto tribunal el criterio relativo a que las consideraciones jurídicas que sostienen la resolución emitida por un órgano jurisdiccional en ejercicio de esas competencias no pueden constituir materia del procedimiento de juicio político, pues existe una prerrogativa constitucional de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional consistente en que los tribunales resuelvan los conflictos que se someten a su conocimiento con total libertad de criterio sin la injerencia de algún otro poder y sin relación de subordinación o dependencia de algún otro poder u órgano estatal.
Así se advierte de la tesis de jurisprudencia P./J. 55/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, agosto del 2004, página 1155, que dice:

JUICIO POLÍTICO. NO PUEDEN CONSTITUIR MATERIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LOS PODERES JUDICIALES ESTATALES. El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como prerrogativa de los Poderes Judiciales Estatales, la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, consistente en que los tribunales resuelvan los conflictos que se someten a su conocimiento con total libertad de criterio, sin la injerencia de algún otro poder y sin relación de subordinación o dependencia de algún otro poder u órgano del Estado. De ahí que las consideraciones jurídicas de una resolución judicial no puedan analizarse a través de un juicio político, porque ello implicaría vulnerar la autonomía del Poder Judicial Local, al no respetarse los principios de autonomía, de reserva de decir el derecho y de división de poderes, aunado a que ello constituiría una invasión a la esfera competencial del Poder Judicial, pues la autoridad encargada de llevar a cabo ese procedimiento se arrogaría facultades que no le corresponden.

Por tanto, contrario a su dicho, no es posible incoar un juicio político a una autoridad jurisdiccional con motivo de la determinación de naturaleza materialmente jurisdiccional (como es la admisión de una demanda y la determinación correspondiente sobre la medida cautelar) que hubiera realizado en el trámite de un juicio de su competencia legal, en el entendido de que, en su caso, tales decisiones pueden ser combatidas a través de los medios de defensa que prevean las propias leyes procedimentales y, en su caso, de quedar demostrada la actualización de la violación a algunos de los principios que rigen el servicio público, la autoridad de que se trate puede ser sujeta a los procedimientos de responsabilidad administrativa que resulten procedentes.

VII. DECISIÓN

Ante lo infundado de los agravios lo procedente es, en la materia del recurso, confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo en los términos fijados por el juez.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se DESECHAN los recursos del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción del Estado de Durango y del Secretario Técnico de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Durango.

SEGUNDO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida.

TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a HÉCTOR GABRIEL TREJO RANGEL contra el dictamen de procedencia de juicio político emitido en el expediente C.R.LXVIII.P.J.P.03/2021, así como todas y cada una de las etapas del procedimiento.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos a su lugar de origen y en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de tres votos del Ministro Alberto Pérez Dayán, la Ministra Lenia Batres Guadarrama y Presidente Javier Laynez Potisek (ponente). La Ministra Yasmín Esquivel Mossa votó en contra.

Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y ponente, con la Secretaria de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA Y PONENTE

MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK

SECRETARIA DE ACUERDOS

CLAUDIA MENDOZA POLANCO

Esta hoja corresponde al amparo en revisión 194/2023, fallado en sesión de quince de enero del dos mil veinticinco. CONSTE.