CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 198/2024

1. Estudio de fondo. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede a analizar la validez del Decreto mil novecientos veintiuno , publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6318 del Estado de Morelos, el doce de junio de dos mil veinticuatro, a la luz de los conceptos de invalidez formulados por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
2. Criterio jurídico. A partir del análisis de los argumentos glosados en el apartado de antecedentes y de las consideraciones que se contienen en el estudio de fondo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que el planteamiento de invalidez desarrollado por el poder accionante es fundado, pues el hecho de que el Congreso estatal le haya ordenado el pago de una pensión por cesantía en edad avanzada a Margarito Rosales Mendoza sin haber transferido los recursos económicos suficientes para cumplir con dicha obligación, vulnera su autonomía e independencia en la vertiente presupuestaria, pues constituye una forma de subordinación frente al primero de ellos, y, en consecuencia, se configura una afectación en la autonomía de gestión de recursos.
3. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en lo particular, la Primera Sala en diversos precedentes, como las controversias constitucionales 241/2016, 225/2016, 240/2016, 175/2017, 244/2016, 164/2017 , 299/2017, 304/2017, 315/2017, 102/2019 y168/2020, y, en particular, por haber sido resueltas recientemente, entre otras, las controversias constitucionales 144/2024, 164/2024 y 178/2024 ; 146/2024 y 160/2024 ; 176/2024 y 162/2024 , estableció lineamientos para analizar la constitucionalidad de decretos emitidos por el Congreso del Estado de Morelos que han tenido como finalidad ordenar al Poder Judicial de dicho estado el pago de pensiones con cargo a su presupuesto público, conforme a lo siguiente:
4. Que el principio de división de poderes dentro de las entidades federativas está previsto en el primer párrafo del artículo 116 de la Constitución federal , conforme al cual el poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en ejecutivo, legislativo y judicial, sin que puedan reunirse dos o más en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, principio que también se encuentra previsto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos .
5. Respecto del principio de división de poderes, se señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado una sólida doctrina judicial, mediante la cual precisó que éste exige un equilibrio entre los distintos poderes de las entidades federativas, que opera a través de un sistema de pesos y contrapesos con la finalidad de evitar la preponderancia de un poder u órgano absoluto, capaz de producir una distorsión que desarmonice el sistema de competencias previsto constitucionalmente y/o afecte el principio democrático o los derechos fundamentales reconocidos en la Norma Fundamental, en términos de la Jurisprudencia P./J. 52/2005 .
6. Conforme a ello, el Alto Tribunal, estableció que, para respetar dicho equilibrio, los poderes públicos de las entidades federativas están obligados a acatar tres mandatos prohibitivos de conformidad con las jurisprudencias P./J. 80/2004, P./J. 81/2004 y P./J. 83/2004 , a saber:
   1. No intromisión
   2. No dependencia
   3. No subordinación de cualquiera de los Poderes con respecto a los otros.
7. Asimismo, ha sostenido en dichos precedentes, que los anteriores elementos resultan de suma importancia para el principio de división de poderes y el pleno respeto de las esferas competenciales que rodean a cada uno de ellos. Sin embargo, la subordinación es el nivel más grave de violación de dicho principio, puesto que no solo conlleva que un poder público no pueda tomar decisiones con plena autonomía, sino que además supone que debe de someterse a la voluntad del Poder subordinante.
8. Así pues, atendiendo a los precedentes en mención, la Primera Sala fijó el criterio consistente en que, actos como el impugnado, emitidos por parte del Poder Legislativo local en perjuicio de la gestión presupuestal del Poder Judicial actor vulnera de manera directa su independencia, puesto que es entendida como una forma de subordinación frente al primero de ellos, siendo el grado más grave de violación en el ámbito competencial.
9. Además, se precisa que la autonomía de gestión en el presupuesto del Poder Judicial local —cuyo fundamento se encuentra en el artículo 17 constitucional— resulta una condición indispensable para garantizar que sus funciones sean realizadas con plena independencia, ya que ese atributo resulta fundamental para salvaguardar la inmutabilidad salarial, el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y la inamovilidad de las personas juzgadoras, obligaciones institucionales que difícilmente se podrían cumplir sin la existencia de una plena autonomía presupuestal de conformidad con la Jurisprudencia P./J. 83/2004 .
10. En ese sentido, la mencionada autonomía no puede ser amenazada por otros poderes públicos, puesto que ello tendría como consecuencia una vulneración al principio de división de poderes previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal.
11. Dicho todo lo anterior, en el caso concreto , del análisis al decreto impugnado esta Primera Sala advierte que efectivamente, el Congreso del Estado concede una pensión por cesantía en edad avanzada a una persona que prestó sus servicios en el Poder Judicial del Estado de Morelos, es decir, fijó las reglas para que éste cubriera determinado monto económico con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos .
12. Consecuentemente, esta Primera Sala considera que, como se ha concluido en diversos asuntos, particularmente las ya citadas controversias constitucionales, el decreto combatido representa el grado más elevado de violación al principio de división de poderes, dado que vulnera la independencia del Poder Judicial local, y, por consiguiente, su autonomía en la gestión de recursos, puesto que el Congreso del Estado concedió una pensión por cesantía en edad avanzada a una persona que no tuvo relación laboral con dicho Poder legislativo.
13. Atendiendo a lo anterior, es que resulta importante dejar claro a los órganos demandados, que el Poder Judicial del Estado de Morelos es el único facultado de administrar, manejar y aplicar el presupuesto que le es asignado, de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales, por ese motivo, el hecho de que cualquier otro poder público pretenda tener injerencia en ello representa una violación a lo previsto por el artículo 116 de la Constitución Política del país.
14. Al respecto, al resolver las controversias constitucionales 55/2005, 89/2008, 90/2008, 91/2008 y 92/2008 , el Alto Tribunal concluyó que conforme a la fracción VI del artículo 116 constitucional , los congresos estatales son los encargados de emitir las leyes que deben regir las relaciones entre las entidades y las personas que trabajan para ellas.
15. Lo anterior representa una obligación para los congresos locales de regular todas las cuestiones relativas a la seguridad social, incluidas el pago de pensiones por jubilación, con lo que se da cumplimiento a lo previsto por el artículo 127, fracción IV , de la Constitución Política del país, sin que ello permita a los órganos legislativos otorgar de manera directa dicha prestación.
16. En esa tesitura, si bien el mandato constitucional establecido en el artículo 127 constitucional se encuentra encaminado a regular el otorgamiento de determinadas prestaciones en materia de seguridad social, es decir, jubilaciones, pensiones por viudez, o haberes de retiro, ello no permite que los Congresos locales puedan interferir de manera directa en la asignación de tales prestaciones, cuando se trata de personas que prestaron servicios profesionales en algún poder ajeno a éste.
17. Dado que no es parte de la litis, el sistema legal de pensiones del Estado de Morelos no se estudia en el presente fallo, lo que no implica que esta Sala deje de advertir que la posibilidad de que el Congreso local sea la instancia que determine, calcule y otorgue de manera unilateral una pensión con cargo al presupuesto de otro poder es un aspecto que puede transgredir la autonomía de otros poderes o incluso de otros órdenes jurídicos.
18. En consecuencia, procede desestimar lo señalado por las autoridades demandadas, cuando manifiestan que en el presupuesto de egresos local para el ejercicio dos mil veinticuatro se etiquetó a favor del Poder Judicial una partida con los recursos necesarios para las pensiones y las controversias constitucionales, porque el hecho mismo de que el Congreso local otorgue la pensión es, per se , el acto que causa la invalidez, con independencia de si la partida prevista en el presupuesto es idónea y suficiente.
19. Sin que sea óbice, lo señalado por el Poder Legislativo del Estado de Morelos al contestar su demanda, en el sentido que durante el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro mediante similar número SH/0920-GH/2024 , de fecha dos de julio de dos mil veinticuatro, se autorizó una ampliación presupuestal por la cantidad de $23’089,806.95 ( veintitrés millones ochenta y nueve mil ochocientos seis pesos 95/100 moneda nacional ); toda vez que dicha ampliación no es materia de pronunciamiento en el presente asunto, además de que con los referidos recursos, no se acreditan minuciosamente las condiciones legales y materiales para que el Poder actor pueda hacer frente a esa carga.
20. Tampoco pasa desapercibido el hecho de que, al contestar la demanda, el Poder Legislativo del Estado de Morelos adujo que:

“(…) para estar en condiciones de solicitar al Poder Ejecutivo Estatal, la asignación y transferencia de recursos para el pago de la pensión, se giró oficio al Poder Judicial del Estado de Morelos, para que informara a este Poder Legislativo la cantidad necesaria para el pago de la pensión respectiva y como se acredita en términos del oficio que se anexa para tal efecto, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, informó al Poder Legislativo Local que requiere la cantidad de $317,013.90 (trescientos diecisiete mil trece pesos 90/100 M. N.).

Asimismo, se hace del conocimiento de ese Máximo Tribunal que con la información remitida por el Poder Judicial, se ha girado oficio al Gobernador del Estado a efecto de que realice la transferencia al referido Poder Judicial que le permita realizar el pago de la pensión otorgada a través del Decreto del cual se solicita su invalidez (…)”.

1. Sin embargo, a la fecha en que se resuelve la presente controversia no se acredita que hayan sido efectivamente transferidos los recursos necesarios para que el Poder Judicial del Estado de Morelos realice el pago de la pensión por cesantía en edad avanzada a Margarito Rosales Mendoza.
2. Por el contrario, de la revisión de las pruebas acompañadas al oficio de contestación, se advierte la existencia del oficio SH/CPPDGPGP/4C92-AD/2024 , signado por Arturo Delgado Ávila, Coordinador de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos por el que da respuesta a la solicitud de pago por un monto de $2’184,914.86 ( dos millones ciento ochenta y cuatro mil novecientos catorce pesos 86/100 M.N. ) derivado de diversas controversias constitucionales y juicios de amparo, mediante el cual informa al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado que para el cumplimiento de lo ordenado en los medios de control constitucional y decretos de pensión impugnados en la presente controversia constitucional y las diversas 157/2024, 163/2024, 175/2024 180/2024 y 198/2024, deberán considerarse los recursos de la referida ampliación presupuestal.
3. Por consiguiente, lo procedente es declarar la invalidez de la porción normativa del artículo 2º del Decreto mil novecientos veintiuno, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 6318 del Estado de Morelos, el doce de junio de dos mil veinticuatro, por medio del cual el Congreso del Estado de Morelos otorgó una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al presupuesto del Poder Judicial, lo que hace innecesario el estudio de los conceptos de invalidez restantes, pues en nada cambiaría la conclusión a la que ya se ha arribado .