SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0295/2023-S1

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 14 de febrero de 2022, cursante de fs. 3 a 4, el impetrante de tutela expresó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Presentó en la Fiscalía de Rurrenabaque del departamento de Beni, denuncia contra Claudia Santusa Condori Layme y otros, por el delito de trata y tráfico de personas, ampliándose posteriormente por el ilícito de violencia familiar o doméstica signándose la causa, con el CUD BE-RUR1800213.

Posteriormente el descrito proceso, fue declinado a conocimiento del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Caranavi del departamento de La Paz, signándose con el CUD LPZ2K-1800252/019; sin embargo, de la revisión del sistema del Ministerio Público, se observa, que en el proceso no se realizó ningún actuado investigativo desde la ampliación de la investigación e incluso sigue figurando como responsable el Fiscal de Rurrenabaque y no así el Fiscal de Caranavi; aspecto, que permite observar la falta de debida diligencia con la que actuó el ahora demandado; pues, debió ordenar que se atiendan las solicitudes de la víctima y se remita el caso a Caranavi a fin de materializar la tutela efectiva a favor de los menores de edad, cuya integridad está en riesgo por el obrar de su madre denunciada dentro del proceso penal.

Además, se debe considerar que contra la madre de los menores se aplicaron medidas de protección, consistentes en la prohibición a acercarse al domicilio o lugar de estudio de los mismos; por lo que, siendo urgente la protección de sus hijos, solicitó a la autoridad Fiscal de Rurrenabaque emita requerimientos dirigidos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Riberalta del departamento de Beni, con la finalidad de obtener informes psicosociales de los menores de edad, y con ellos, se puedan aplicar las medidas de protección de guarda provisional y fijación de asistencia familiar; sin embargo, estos aspectos no fueron atendidos por el ahora demandado quien debió solicitarlas al Juez que ejerce el control jurisdiccional.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alega la vulneración del interés superior de las niñas, niños y adolescentes citando al efecto al art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se ordene al Ministerio Publico requerir los informes psicosociales de “…los menores y remitir corregido vía sistemas el cuaderno de investigación a Caranavi-La Paz” (sic).

Asimismo, en audiencia manifestó que se debe otorgar la guarda de los menores AA; y, BB, en su favor.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 15 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 36 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela ratificó in extenso lo vertido en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ruthiar Vásquez Aguirre, Fiscal Departamental de Beni, no presentó informe alguno ni se presentó en audiencia de esta acción de libertad pese a su legal citación cursante a fs. 20.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Primero de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 15 de febrero, cursante de fs. 30 a 35 vta., denegó la tutela impetrada bajo los siguientes fundamentos: a) Existe un Juez de control jurisdiccional ante el cual el accionante puede acudir; pues, la vía constitucional no puede suplir la pasividad del ahora impetrante de tutela; b) Se denota que no existe riesgo a la vida o a la integridad corporal del solicitante de tutela, tampoco se encuentra ilegalmente perseguido o en estado de indefensión; máxime, considerando que el Juez que ejerce el control jurisdiccional ya otorgó medidas de protección en favor de los menores AA; y, BB; y, c) La vía constitucional no puede determinar que se traslade un cuaderno procesal desde la jurisdicción de Rurrenabaque hasta Caranavi, encontrándose facultado el peticionante de tutela para promover un conflicto de competencias en caso de considerarlo necesario.