SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1287/2002-R

El 24 de junio de 2002 el Fiscal de Materia emitió un requerimiento contrario al ordenamiento jurídico, inhibiéndose de conocer la causa que conjuntamente sus hermanos siguen en contra de Agapito Zotez Terrazas y Elvira Caballero de Zotez, con el argumento de que en la localidad de San Pedro de Buena Vista existe ya un Fiscal Adjunto de Materia a quien le corresponde por territorio seguir conociendo el proceso, conforme lo disponen  los arts. 4 y 8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) y por analogía en el Código de Procedimiento Penal (CPP) y art. 13 del Código de Procedimiento Civil (CPC), lo que le  ocasiona un estado de inseguridad jurídica, puesto que los demandados consintieron expresa y tácitamente la prórroga de competencia territorial prevista por el art. 28  de la Ley de Organización Judicial (LOJ), siendo ilógica la actitud asumida que conculca el art. 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), y que no puede desnaturalizar lo preceptuado en el art. 42 CPP puesto que la jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, decisión que además debió ser puesta a consideración del Juez Instructor quien ejerce el control de la investigación.

Añade que solicitó la revocatoria de dicha Resolución, pues la inhibitoria no se encuentra adecuada a los mecanismos y reglas de competencia, además de que las cuestiones de competencia deben proponerse antes de haberla consentido ya que la declinatoria e inhibitoria responden a un trámite formal y al ser  planteada la querella ésta no fue observada dentro de los tres días por los sindicados y que el fiscal “inventó” un procedimiento conculcando el art. 29 CPE, argumentos que fueron ignorados en su respuesta de 3 de julio de 2002, al señalar  que su accionar se encuentra enmarcado a ley. Aclara que la inhibitoria fue solicitada por los sindicados al Fiscal de Distrito de Potosí, autoridad que  corrió traslado al recurrido, quien de manera precipitada se inhibió y remitió los antecedentes a la localidad de San Pedro de Buena Vista, sin darles oportunidad de hacer valer sus derechos.