SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1346/2002-R

Que, dentro del referido proceso el Juez recurrido pronunció el Auto de admisión de demanda, en el que dispuso el arraigo de Cecilio Durán Martínez, quien -a través de la ahora recurrente- solicitó la suspensión de la referida medida de arraigo. Mediante Auto de 17 de septiembre de 2002, el Juez demandado rechazó el pedido, con el argumento de que el arraigo se encuentra contemplado como una medida precautoria en el art. 11 de la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal (LPCF), cuya finalidad es la de garantizar la recuperación del daño económico ocasionado en contra del Estado.

Que, el arraigo es una medida cautelar que persigue asegurar la presencia de una persona en un proceso, medida que sin embargo no puede ser restrictiva de la libertad personal para el cobro de obligaciones patrimoniales, habiéndose dejado sin efecto el apremio corporal por las previsiones contenidas en los arts. 6 y 13 de la Ley 1602, de 15 de diciembre de 1994 o Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP).