SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1392/2002-R

III.2.  Que, de lo precedentemente referido se llega a la conclusión que la Resolución 120/2002, de 7 de junio, lesionó la garantía al debido proceso y el derecho a la defensa del recurrente, así como a ejercer las funciones públicas para las cuales fue elegido, reconocidos por los arts. 16-II y IV y 40-2 CPE.