SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1432/2002-R

III.5 Por otra parte, este Tribunal ha establecido en su Jurisprudencia que: “...se entiende por procesamiento ilegal o indebido la acción en la que un juez o tribunal judicial, a tiempo de sustanciar un proceso penal, lesiona la garantía constitucional del debido proceso, el mismo que exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; en otras palabras, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, importando el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial. El procesamiento ilegal o indebido se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidas por Ley, y el Hábeas Corpus procede con relación a esta causal cuando, como consecuencia del procesamiento ilegal o indebido, se priva materialmente la libertad o existe una amenaza grave de privarla, pues en caso de no ser así, las deficiencias procesales que desconocen la garantía del debido proceso deben ser corregidas mediante los procedimientos ordinarios establecidos por Ley”  (SC 496/2002-R, de 28 de mayo).

          En la especie, la serie de defectos procesales y supuesta aplicación errónea de la ley que acusa la recurrente y que se hubieran cometido presuntamente desde el inicio del proceso penal, no pueden ser analizados a la luz del hábeas corpus, pues ninguno de dichos defectos -enumerados por la actora en su demanda y reiterados en la audiencia del recurso- vulnera, lesiona o amenaza de modo directo la libertad  física de su mandante, aspecto que corrobora la improcedencia de la presente acción tutelar, no pudiendo ingresarse al análisis de fondo de la problemática planteada con relación a la falta de notificaciones, la presunta declaración contra si mismo que habría sido obligado a prestar Carlos Alberto Agreda Lema y otras irregularidades.