SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1603/2002-R

            Asimismo, la autoridad recurrida incurrió en una ilegalidad al no dejar que el abogado José Romero Maldonado, defensor de la encausada, intervenga, participe y ocupe el lugar respectivo en la audiencia mencionada, coartando de esa forma el derecho a la defensa técnica de la imputada, que tiene la potestad de contar con los abogados que estime conveniente, según su prudente criterio