SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 253/2002-R
Fecha: 11-Mar-2002
a)
El Fiscal recurrido informó señalando que: a) en 11 de enero de 2002, el Director del Centro Penitenciario de San Pedro envió una nota oficial a la Fiscal de Distrito indicando que “se habría cometido posibles hechos punibles” por parte del ahora recurrente, acompañando a dicha nota un certificado de antecedentes expedido por el encargado de archivo y kardex del Penal, en el que se establece que Víctor Hugo Espinoza Mejía ingresó a dicho Panóptico el 17 de noviembre de 1987 por haber sido sentenciado en México el 15 de enero de 1987, por la comisión de “delitos de sustancias controladas”, siendo condenado a sufrir una pena de reclusión de ocho años y seis meses, que cumpliría en Bolivia como consecuencia de convenios internacionales; b) encontrándose interno en el centro penitenciario referido, el recurrente obtuvo permiso del Juez para una intervención médica, pero concluida dicha internación nunca volvió a San Pedro; c) por tal motivo se inició la investigación preliminar de acuerdo a los arts. 14 y 45 de la Ley Nº 2175 y 297 y 300 de la Ley Nº 1970; d) el 23 de enero se dispuso la citación del recurrente en la calle 15 Nº 120 de Achumani, que es la dirección que figura en los antecedentes del proceso seguido en México, y al no ser habido se dejó la notificación dejando cédula pegada en la puerta del domicilio; e) al no haberse presentado al llamado fiscal, se emitió la orden de aprehensión al amparo del art. 226 de la Ley Nº 1970, siendo ejecutado el 24 de enero por funcionarios de la P.T.J.; f) los delitos de narcotráfico son delitos internacionales, de lesa humanidad, razón por la que el recurrente debió cumplir su condena, pero contrariamente evadió la justicia y por ello se comenzó la investigación, en la que no se han conculcado los derechos de Víctor Hugo Espinoza Mejía. Pidió se declare improcedente el Recurso.
- 1.
- Fragmento 2
- a)
- 3.
- 2)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- CONSIDERANDO:
- Que la Ley Nº 1970 en su art. 226 establece que el Fiscal podrá ordenar la aprehensión del imputado cuando sea necesaria su presencia y existan suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad cuyo mínimo legal sea igual o superior a dos años y de que pueda ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad.
- Que en el caso objeto de análisis, se tiene demostrado que Víctor Hugo Espinoza Mejía fue condenado en México por la comisión del delito de transporte e introducción de sustancias controladas -cocaína- a ese país, debiendo cumplir su sentencia en Bolivia en virtud a Convenios Internacionales. Empero, en 1989 se fugó aprovechando la autorización de internación clínica que le fue concedida judicialmente. Estos antecedentes dan suficientes elementos para prever que el recurrente no se presentaría a la citación de comparendo efectuada por el Fiscal, tal como aconteció en los hechos, por lo que el Fiscal actuó en ejercicio de la atribución que le reconoce el art. 226 precedentemente anotado, por cuanto ordenó la aprehensión de una persona que evadió la justicia, siendo la fuga o evasión bastante fundamento para estimar que no se sometería al proceso y obstaculizaría la averiguación de la verdad.
- Cabe recordar que la Policía, sin necesidad de mandamiento de otra autoridad, tiene la potestad de aprehender a toda persona que se haya fugado cuando estaba legalmente detenida, conforme lo determina el art. 227 de la Ley Nº 1970, motivo que refrenda la improcedencia de este Recurso toda vez que el Fiscal aún citó previamente de comparendo al imputado, cuando pudo directamente disponer su aprehensión, precisamente en apoyo del art. 226 citado y por la naturaleza del delito investigado, es decir, la evasión del Centro Penitenciario donde purgaba una condena por delitos de narcotráfico.
- Fragmento 14
- Que del acta de audiencia se evidencia que la Jueza del Recurso no permitió el uso de la palabra a un abogado co-patrocinante del recurrente, en mérito a que no habría suscrito el memorial de demanda, lo que a todas luces conlleva una restricción ilegal, dado que el hábeas corpus es un recurso que puede ser planteado inclusive sin mandato, conforme lo establecen los arts. 18.I de la Constitución y 89.I de la Ley Nº 1836.
- Fragmento 16
- Se llama la atención a la Jueza del recurso por no haber permitido el uso de la palabra del abogado co-patrocinante del recurrente, pues tratándose de un Hábeas Corpus, no puede restringirse la participación de persona alguna que abogue por el actor, ya que no es necesaria la existencia de un mandato especial al efecto, debiendo corregir tal error en ulteriores procedimientos.