SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 321/2002-R

El abogado de la autoridad recurrida, dio lectura al informe escrito que sale a fs. 23 y 24, en el que asevera que: a) la Dirección Distrital de Impuestos Internos no ha actuado de manera inconstitucional, ilegal ni arbitraria contra el representado de los recurrentes, pues si bien el art. 6 de la Ley Nº 1602 establece que no procede el apremio corporal tratándose de obligaciones de naturaleza patrimonial, se debe tomar en cuenta que arraigo y apremio son figuras  concomitantes pero no idénticas, por lo que la citada Ley dejó subsistente el arraigo y derogó el apremio; b)  la Dirección Nacional de Impuestos Internos, y menos la Distrital, tienen competencia para dejar sin efecto el arraigo, por ser un precepto contenido en el Código Tributario, el cual al no haber sido derogado por una norma de mayor jerarquía, continúa vigente; c) “el trámite” data de 1996, y desde entonces Valentín Abecia no ha observado que el arraigo hubiese violado sus derechos constitucionales, no pudiendo ahora aplicarse el art. 18 de la Constitución porque la entidad a la que representa no le está persiguiendo, al carecer de facultades compulsivas, tampoco lo  mantienen preso o detenido, sino que lo que se pretende es “sacar ventaja” de la coyuntura creada a raíz del caso de los hermanos Fernández, que es diferente al presente asunto ya que en aquél la medida fue reiterativa toda vez que se embargaron sus bienes; d) según los arts. 305 y 307 del Código Tributario, la ejecución coactiva no puede suspenderse por ningún recurso. Pidió se declare improcedente el Recurso.