SENTENCIA CONSTITUCIONAL 77/2002

Los arts. 16.IV y 33 CPE plasman el principio “in dubio pro reo”, concordantes con el art. 4.II y III CP y el 3 del anterior Código de Procedimiento Penal (CPP.1973) sustituido por el actual, que señalaba que la condena penal debe fundarse en una ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado. En mérito a esos antecedentes doctrinales, el art. 133 CPP establece que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía; empero, toda la coherencia de este nuevo cuerpo legal se desvirtúa cuando la Disposición Transitoria Tercera en forma contradictoria al artículo citado, dispone que las causas tramitadas conforme al régimen procesal anterior serán concluidas en el plazo máximo de cinco años computables a partir de la publicación del Código de Procedimiento Penal, de lo que resulta que no sólo se niega al imputado el goce del beneficio de la ley más benigna, sino se agrava más su situación al recorrer los plazos para computar la retardación de justicia, violando el principio de igualdad.

Por lo expuesto, la Disposición Transitoria Tercera es inconstitucional porque impide la aplicación del art. 133 CPP, violando así el derecho consagrado en los arts. 16 y 33 CPE de aplicar al encausado en forma retroactiva la ley que más lo beneficie, así como los arts. 228 y 229 CPE sobre la primacía de la Constitución, siendo que los principios, garantías y derechos reconocidos en la Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento. Por último, pide se declare inconstitucional la Disposición Transitoria Tercera CPP,  por violar los arts. 16, 33, 228 y 229 CPE, sea con el efecto derogatorio correspondiente, manteniendo la disposición enmarcada en el art. 133 CPP.